La resaca de 12.255 bonos joven de alquiler desestimados: consultas, recursos y amenazas

La ayuda era de adjudicación directa. Eso implica que el criterio de concesión fuera el de riguroso orden de presentación y no priorizar a los solicitantes con menos ingresos que habría primado en el caso de concurrencia competitiva. El plazo de solicitud se abrió el 1 de septiembre y terminaba tres meses después, pero los 21,6 millones de euros que asignó a la comunidad el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se agotaron al llegar a la una del mediodía del 21 de septiembre. Que la lista de beneficiarios se iba a quedar en el entorno de los 3.000 jóvenes en Castilla y León era algo conocido de antemano, puesto que el bono contempla una cuantía de hasta 250 euros mensuales durante dos años, lo que sitúa la ayuda máxima en los 6.000 euros por persona. Estaba abierta a jóvenes con ingresos anuales de hasta 24.318 euros.

La primera causa de conflictividad la origina ese agotamiento del dinero, que da para abonar solamente 3.827 solicitudes. A la infradotación económica estatal se suman otros dos aspectos que alimentan la polémica y que afectan la tramitación por parte de la Junta de una ayuda con requisitos estatales. El primero tiene que ver con los certificados colectivos de empadronamiento que se exigen en el caso de solicitantes que comparten piso.

«El Ayuntamiento de Valladolid no lo expide. Desde la Sección de Población me indican por escrito que no me pueden facilitar un certificado con datos de personas que no tenemos ningún parentesco porque contraviene la Ley de Protección de Datos y la que regula el Padrón y que la Junta estaba hiperavisada. Por eso me expidieron un certificado de empadronamiento individual en el que consta que resido en una vivienda colectiva», explica C. V. C., beneficiario al que se le ha denegado el bono por ese motivo y que ha interpuesto ante la Administración autonómica un recurso potestativo de reposición. Tiene un contrato de alquiler de una habitación, en un piso con capacidad para tres inquilinos. Su compañera de vivienda ha tenido más suerte, relata, y cobrará el bono con un certificado de empadronamiento idéntico al suyo.

La otra causa de controversia que suscita la tramitación está en la bolsa con 2.879 excluidos que registraron su petición antes de la fecha de corte del 21 de septiembre, pero cuya solicitud estaba incompleta o defectuosa y a los que no se envió requerimiento para subsanar esos errores. La Administración está obligada por ley a cumplir con ese trámite. Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio argumentan que la «avalancha» de solicitudes (3.000 solo el primer día) hacía «imposible en la práctica», tras revisar la documentación, remitir los requerimientos cuya respuesta y comprobación se iban a demorar en el calendario a una fecha alejada de ese 21 de septiembre en el que se agotó el dinero. Indican que este aspecto fue consultado con los letrados de los Servicios Jurídicos.

«Los beneficiarios han llegado hasta donde ha llegado el dinero. Lo lógico es que el Gobierno de la nación haga una aportación adicional que permita atender a todos los jóvenes que cumplen los requisitos. El presidente Sánchez lanzó un globo sonda de un impacto tremendo, las autonomías nos encontramos el bono unilateral publicado en el BOE, y a la gente a la que se ha generado la expectación de cobrarlo nadie del Gobierno le explicó que no había crédito suficiente», censura Pardo.

La alto cargo del equipo que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones incide en otro aspecto paralelo. Lo que supone para un departamento dimensionado para afrontar el calendario de tramitaciones habitual asumir, por atribución estatal, una convocatoria sobrevenida con 16.082 solicitudes. Eso ha obligado a incorporar personal de refuerzo a través de la empresa pública Somacyl y a aparcar la tramitación de los más de 26.000 expedientes de la ayuda autonómica general de alquiler (para subvencionar los arrendamientos de vivienda habitual de enero a diciembre de 2022) que se convocó con retraso a finales de año y cuya resolución se demorará, previsiblemente, a después del verano.

Pardo avanza que están atendiendo un elevado número de consultas y dudas y que analizarán cuidadosamente los recursos que reciban. A priori, quienes lo tienen más de cara -dentro del desgaste que supone recurrir ante la Administración, primero, y al juzgado de lo Contencioso después- son los integrantes de esa bolsa de solicitudes incompletas. Los 3.827 jóvenes con el bono aprobado deben justificar ahora que han pagado el alquiler de su vivienda. No hay en este momento lista de reserva para incorporar beneficiarios que ocupen el lugar de aquellos que no presenten los recibos bancarios, pero en la consejería revisaron también las solicitudes del 22 de septiembre. A partir de ahí, alrededor de 8.000 expedientes quedaron aparcados, a la espera de la ampliación de la partida económica.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones solicitó por carta la semana pasada un ingreso adicional de 50 millones para atender a todos los solicitantes que cumplen los requisitos en Castilla y León. El ministro Félix Bolaños le respondió el domingo, durante una visita a Soria, invitando a la Junta a aportar fondos autonómicos si los de bono joven de alquiler «no les parecen suficientes».