Castilla y León

La Junta exige 50 millones para repescar a los excluidos del bono de alquiler

Esa cantidad es la que la Junta reclama oficialmente al Ejecutivo estatal para poder poder repescar a los 9.335 solicitantes que cumpliendo los requisitos han sido excluidos porque se ha acabado el dinero y valorar una bolsa de 2.918 peticionarios para expurgar aquellos a los que falta alguna documentación de los que incumplen algún requisito.

«Este es un bono que sacó de forma unilateral el Gobierno, sin consultar con las comunidades autónomas, sin tener en cuenta nuestra opinión, luego otorgó esta gestión a las comunidades autónomas sin que lo hubiéramos pedido por motivos competenciales o bien por la incapacidad del Gobierno para tramitarla y, finalmente, lo que se ha demostrado es que el modelo estaba mal diseñado y el dinero era muy insuficiente», relató Carlos Fernández Carriedo.

Los 21,6 millones de euros han dado en Castilla y León para pagar una media de 5.643 euros a 3.827 jóvenes de hasta 35 años para ayudarles a sobrellevar el coste del alquiler de dos años. Lo previsible cuando se hizo pública la dotación económica de un bono de alquiler que prevé hasta 250 euros mensuales durante dos años con una cuantía total máxima de 6.000 euros. Dividir 21,6 millones de euros entre ayudas de 6.000 euros permitía, de inicio, atender a unos 3.600 jóvenes en la comunidad. Finalmente han sido casi 300 más porque la renta de alquiler de muchos de ellos no llega al máximo subvencionable.

El Gobierno estableció la concesión por orden de presentación, primando la rapidez del solicitante en registrar su petición del bono de alquiler joven frente a otros criterios como el de prioridad a las rentas más bajas o personas más vulnerables. Así, el primero que llega, cobra. «Algo que las comunidades autónomas estamos obligadas a cumplir», remarcó el portavoz de la Junta, que afeó al presidente Sánchez el haber «buscado solo un titular fácil». Y hacerlo en un momento concreto, apuntó el dirigente del PP para referirse al periodo electoral que abarcará todo el 2023 y en el que estaba previsto el pago del bono. «Luego se ha olvidado de la gestión, transmitiéndose a las comunidades y, cuando el dinero no llega parece que no hay respuesta al otro lado, de quien puso en marcha la iniciativa», añadió Fernández Carriedo.

El portavoz conminó al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a poner sobre la mesa esos 50 millones necesarios para que las personas que «conforme a ese anuncio (estatal) vieron una expectativa no encuentren un fraude en esas expectativas como consecuencia de que la mayor parte de las solicitudes no pueden ser atendidas, no porque estén mal hechas, sino porque el Gobierno ha diseñado mal el sistema y no ha dotado adecuadamente las cantidades económicas».

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha remitido una carta oficial en la que informa al Gobierno de la nación de que una vez asignados los 21,6 millones iniciales quedan 12.255 solicitudes sin atender y cuantifica en 50 millones de euros el dinero adicional necesario para «dar una respuesta» a estos jóvenes que viven en alquiler.

El balance deja 3.827 afortunados y, al menos, 9.335 damnificados del bono social, que pueden ser más si en esa bolsa de otros 3.000 solicitantes que conforman los que no aportaron toda la documentación y los que incumplen los requisitos. «Cabe exigir al Gobierno que hubiera hecho mejor las cosas, no nos corresponde a nosotros solucionar el problema», concluyen desde la Junta.