La «reducción del gasto político» se ceba con la oposición y deja a Vox y PP casi como estaban

Así, UPL-Soria ¡Ya! ve rebajada su asignación al grupo parlamentario en un 3,72%. Vox, un 1,87%. El PSOE se deja un 0,9% y el PP, un 0,82%.

Además, la decisión de dejar al Grupo Mixto con una sola liberación es inédita. En 2015, cuando ese grupo lo formaban Luis Mariano Santos (UPL) y José Sarrión (IU), uno actuaba como portavoz y otro como viceportavoz. Dos puestos que tienen asignados, como mínimo, todos los grupos. Juan García-Gallardo, portavoz de Vox, hizo la propuesta de reducción del gasto oralmente y sin que se consensuara previamente ninguna de estas actuaciones, como era usual en las Cortes, explican desde la oposición. Así, se propuso un máximo de 19 liberaciones, además de las seis de la Mesa de las Cortes. Esto es, una menos de las que se permitían hasta ahora, 20 más 6. Lo que ocurre es que el PP, que disponía de siete dedicaciones exclusivas en la legislatura anterior, solo utilizaba cinco. Ahora, que le correspondían 8, se queda en siete, pero no ha explicado aún si las utilizará todas. El PSOE baja de 8 a 6. Vox, sin embargo, tenía derecho a 3, como en su momento Ciudadanos, y mantiene sus tres. Estos tres partidos cuentan, además, con dos liberados más cada uno, los que forman parte de la Mesa de las Cortes.

Al utilizar UPL y Soria ¡Ya! la posibilidad de fundirse en un grupo parlamentario propio, lo lógico hubiera sido que tuvieran un portavoz y un viceportavoz y que el Grupo Mixto, formado por el resto de fuerzas que no han obtenido cinco parlamentarios (o tres con un 5% de los votos), siguiera esa misma estructura. Lo que se ha aprobado es que no sea así. Pablo Fernández (Unidas Podemos) invocó el artículo 25 del Reglamento: «Todos los Grupos Parlamentarios, con las excepciones previstas en el presente Reglamento, gozan de idénticos derechos». La excepción a la que hace referencia el artículo es, por ejemplo, que la retribución fija de los grupos es proporcional al número de procuradores. Por eso, mientras la de los demás grupos pasa de 3.850 a 2.890 euros mensuales, en el caso del Grupo Mixto se queda en 1.734 euros al mes cuando, con el criterio anterior, debería ser de 2.310 euros al mes.

El ahorro político, por tanto, se ceba en el grupo con menor representación en el parlamento, pero cuyos integrantes contaron con el respaldo de 130.734 votantes. Pierde en subvención al grupo y en liberados. Por contextualizar, UPL-Soria ¡Ya!, que concentraron sus 71.483 votos en sus circunscripciones de referencia, tendrán dos liberados y pierden un 3,72% de los ingresos que percibirían con la retribución fija anterior. Vox, con 13 escaños, obtuvo 214.668 votos y disfrutará de cinco liberados en el Parlamento, incluido el presidente de las Cortes, y un vicepresidente a sueldo de la Junta.

Otro de los capítulos en los que se ha decidido reducir es el de la consulta de documentación. Un concepto que se incorporó para que aquellos parlamentarios sin dedicación exclusiva -y que trabajan fuera de las Cortes- pudieran ejercer su labor de control del Ejecutivo. Estos piden información a una Consejería o una Delegación Territorial y, en lugar de enviárseles, el procurador debe desplazarse hasta ella. Quien hace estas consultas es la oposición, lógicamente, no el partido que gobierna, que tiene a su disposición los datos. Esta «consulta» se abonaba a 220 euros -igual que la asistencia al Pleno o a comisiones- y ahora se va a pagar a 50 euros.

En términos crematísticos, en 2021 se hicieron 254 consultas de documentación, con un coste de 55.580 euros y de 9.063 en gastos de kilometraje por los desplazamientos ocasionados. Con la nueva cuota, habrían supuesto 12.700 euros más los 9.063 de kilometrajes. Un ahorro anual de 42.880 euros.

Lo que se ahorra en las Cortes, sin embargo, tendrá su contrapeso en la Junta de Castilla y León. Vox propuso reducir de 10 a 9 las consejerías, pero finalmente se plegó a mantener las diez que ya existían y que son el máximo fijado desde que Juan Vicente Herrera promovió poner un tope. El sueldo del presidente (76.355 euros) y de los diez consejeros, muchos de ellos funcionarios con trienios, que superan los emolumentos de Alfonso Fernández Mañueco (84.545 euros anuales de media), se eleva hasta 922.000 euros. A ellos hay que sumar el salario del nuevo vicepresidente sin cartera, Juan García-Gallardo.

Además, Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco, como el resto de consejeros que son al mismo tiempo procuradores, cobran por la asistencia a los plenos, 220 euros por sesión. 880 euros al mes en periodo de sesiones ordinario.