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Ha sido una mañana tensa en las Cortes de Castilla y León. Vox, con el apoyo del PP, ha planteado una aminoración de los recursos económicos y de procuradores con dedicación exclusiva que tendrán los grupos parlamentarios, bajo el argumento del ajuste del gasto superfluo ... y días después de que la Mesa de las Cortes decidiera ratificar una subida salarial del 4% en las retribuciones que percibirán sus miembros y los portavoces. El de Castilla y León es un parlamento anómalo en España, puesto que la mayoría de sus miembros no cobran nómina de las Cortes. 19 de 81 tendrán sueldo oficial esta legislatura, frente a los 22 de la anterior. El resto recibe 220 euros por asistir a plenos y comisiones.
Los grupos ingresan una asignación fija y otra variable por escaño cada mes, cuantías que subió el Partido Popular en 2019, tras perder 13 procuradores, con el voto a favor entonces de Cs. La asignación fija pasa ahora de 3.850 euros a 2.890 euros, se deja igual el variable de 3.660 euros por procurador y mes, PP y PSOE pierden una plaza de parlamentario con dedicación exclusiva y el grupo mixto se queda solo con el portavoz a tiempo completo, cuando hasta ahora ha tenido un portavoz adjunto, como el resto de los grupos. Será Pablo Fernández, de Unidas Podemos, mientras que Francisco Igea, de Cs, deberá compaginar su labor en las Cortes con su trabajo como especialista de Digestivo en el Hospital Río Carrión de Palencia hasta que le toque, por rotación, relevar al morado como portavoz.
«No es un tema de dinero, sino de tiempo para poder llevar a cabo nuestra labor parlamentaria de control», esgrimió Igea, tras reconocer que él incluso ganará más compaginando su trabajo y percibiendo las dietas por asistencia a comisión y a plenos. Tanto el dirigente de Cs como el de Unidas-Podemos han confirmado que recurrirán al Tribunal Constitucional porque entienden que se quiebra la situación de igualdad de recursos entre grupos políticos. Pablo Fernández arremetió contra Vox por entender que «cercena» la capacidad política de la oposición con la complicidad del PP, mientras «Vox, la ultraderecha, han sido los principales responsables de mantener la subida salarial del 4% con la que está cayendo» para los sueldos políticos de las Cortes, que se sitúan en el caso de los miembros de la Mesa y los portavoces en los 98.000 euros brutos anuales.
El dirigente morado aseguró hasta en cuatro ocasiones que a los dirigentes de Vox les gustaría fusilarle e ilegalizar a la formación en la que milita. Todo ello en una convocatoria ante los periodistas con los políticos haciendo apreciaciones a los que estaban en el turno de palabra, interpelándose y mandándose callar.
Las nuevas asignaciones rebajan también de 220 a 50 euros las dietas que percibirán los procuradores por desplazarse a dependencias de la Junta para consultar expedientes o documentación cuando desde el Ejecutivo deciden no remitir copia de los mismos a las Cortes. Esto es algo que se circunscribe, básicamente, a la oposición.
Juan García-Gallardo, futuro vicepresidente de la Junta y aún portavoz de Vox, apeló a la «sensibilidad» con la situación que atraviesa la ciudadanía por la inflación y la crisis económica. «Todos debemos apretarnos el cinturón», remarcó, tras situar el 'ahorro' de la medida en los 333.628 euros anuales.
Patricia Gómez Urban ha tildado la iniciativa de «ataque a la labor de control de la oposición» en un intento de «amordazar» a los grupos que deben controlar al Gobierno del PP y la «ultraderecha». «No se trata de salarios y sueldos, se trata de la función democrática», ha remarcado la dirigente del PSOE, proponiendo que quizás se podía recortar en «una vicepresidencia vacía de contenido» como la de García-Gallardo en la Junta, en la que además contará con colaboradores y asesores con sueldo público.
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Los miembros del grupo UPL-Soria ¡Ya! expresaron también su opinión. El soriano Ángel Ceña calificó de «cosmética» la reducción planteada y se mostró a favor de efectuar un «estudio en profundidad» para reducir los sueldos de los responsables de las Cortes, una restribuciones «excesivas». El leonesista Luis Mariano Santos censuró el «uso demagógico» de las asignaciones a los grupos en un parlamento con la mayor parte de los miembros obligados a compaginar su trabajo con la tarea del escaño, lo que hace que «quienes puedan dedicarse a ello (la actividad parlamentaria) sean funcionarios o jubilados, porque nadie en una empresa privada puede estar pidiendo permisos continuamente», remarcó Santos.
Por parte del PP, Raúl de la Hoz, tachó a los procuradores de la oposición de «paranoicos» y de «falta de rigor», señaló que también el PP pierde un procurador con dedicación exclusiva y que todos los grupos recibirán del orden de mil euros menos al mes. De la Hoz reconoció que es una propuestas de Vox, que ellos apoyan y también que va en dirección inversa a la que impulsaron en 2019. El procurador el PP auguró un éxito nulo a Cs y Unidas Podemos en su recurso ante el Constitucional. «En ningún caso va a suponer limitaciones de los derechos políticos de nadie», aseguró.
Sobre la posibilidad de reducir cuantía de sueldos y rebajar esos 98.000 euros brutos anuales, en lugar de recortar asignaciones a los grupos parlamentarios, tanto el dirigente del PP como luego el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, situaron esa decisión en el ámbito de decisión de la anterior Mesa de las Cortes, apuntando el primero expresamente a la responsabilidad de Luis Fuentes, anterior presidente de Cs. Se aprobó en febrero en una Mesa con miembros de Cs, PP y PSOE, pero la actual, con Vox al frente, la ha ratificado. Pollán sí dejó abierta la puerta a revisiones futuras.
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