Castilla y León

Recursos y litigios perdidos promueven cambios en copagos de algunos casos de dependencia

El asunto afectaba a personas con una elevada discapacidad, que vieron como sus cuotas subían considerablemente al incluir la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el cálculo una prestación que reciben su progenitores, principalmente madres, por el tiempo y cuidado que dedican a la atención de sus hijos. Se llama prestación por hijo a cargo y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, basándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, declaró ilegales las liquidaciones que remitió la Junta, porque la regulación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia recoge que la fijación del copago debe hacerse ciñéndose exclusivamente a «la capacidad económica de la persona usuaria».

En la práctica se terminaba descontando lo que recibía la madre de la aportación que la Junta asignaba para ayudar a sufragar el coste de los servicios de atención en el centro al que acudía la persona con dependencia. Un descuento indebido, según los magistrados.

564 recursos de reposición y reclamaciones previas, 88 recursos de alzada, 46 recursos contencioso-administrativos y 9 sentencias contrarias a la Junta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a las que se suman recursos de casación ante el Supremo interpuestos por la Administración autonómica que fueron inadmitidos por el Alto Tribunal, son el balance de litigiosidad sobre el asunto. Las reclamaciones previas y los recursos de reposición, se presentan ante la Junta. Al no dar solución el Gobierno autonómico, el siguiente paso son los tribunales. Las cifras son aportadas por el propio Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en respuestas parlamentarias a preguntas formuladas por los procuradores socialistas Isabel Gonzalo, Yolanda Sacristán y Jesús Illera. Es una documentación accesible en varios boletines oficiales parlamentarios de finales de marzo.

El copago que establece la Junta es para el acceso a la asistencia en centros de atención y la cuantía que reciben los progenitores que cuidan de estas personas con una discapacidad que supera el 66% (algunos de los afectados rondan el 90% de discapacidad) tiene como objetivo apoyar esa labor que requieren estos grandes dependientes en el día a día y que se prolonga en traslados, en el domicilio, en visitas sanitarias…

Los magistrados estiman que «la prestación por hijo a cargo de la que es titular y beneficiaria (por un importe que no lleva a los 400 euros) la madre del apelante… no puede computarse como renta del apelante, puesto que no es él el titular de la prestación».

Desde los tribunales anulan parte de dos artículos de la orden en la que la Consejería de Familia e Igualdad estableció en 2018 esa forma de calcular el copago.

La regla de cálculo que empleaba la Junta y que han conminado a cambiar los magistrados no afectaba cuantitativamente a un gran número de usuarios, pero sí cualitativamente a personas con profundas necesidades de atención.

El cambio en la normativa, al anularse parte del contenido de la Orden que establecía ese descuento, beneficia a todos los usuarios en cuya familia se recibe esa prestación por hijo a cargo. El reintegro del dinero que falta en las liquidaciones mal calculadas se ceñirá solamente a los casos en los que los afectados decidieron continuar judicialmente tras rechazar la Junta los recursos que presentaron en la vía administrativa y ganaron a la Administración autonómica.