Castilla y León

Reclaman a Familia más concreción para fijar el personal mínimo exigible a residencias de mayores

La regulación desarrolla un aspecto que quedó sin aclarar en la ley que desde abril de 2024 regula el modelo de atención en estos centros residenciales. Un ámbito, el de las residencias de mayores, que sufrió duramente las consecuencias de la pandemia de la covid, con un sistema organizativo y de supervisión arrollado en el estallido de los contagios.

El borrador del decreto recoge las ratios mínimas de personal y la regulación de las figuras de un gestor de caso, de un profesional de referencia para el interno y de un profesional de enlace (con los sanitarios de Sacyl). Aunque desde la Consejería de Familia e Igualdad han declinado valorar la nueva regulación que impulsan, los responsables de ese departamento defienden en el mismo texto que les mueve el «principio de proporcionalidad» y los cambios persiguen proporcionar un «servicio eficiente». Establece un mínimo de 0,43 trabajadores (de atención directa y profesionales técnicos, sin diferenciar) por cada usuario en residencias de mayores, que sube a 0,53 para residencias de personas con discapacidad. Una proporción que se sitúa en 0,25 trabajadores por cada usuario de centro de día de mayores, ratio que crece a 0,30 en los de personas con discapacidad.

Así lo recoge el documento que la propia consejería somete a información pública en el espacio Gobierno Abierto del portal institucional de la Junta y al que registran alegaciones los colegios autonómicos de Terapeutas Ocupacionales, de Fisioterapeutas y de Enfermería, colectivos de educadores sociales, sindicatos generalistas como CC OO y sectoriales como el de enfermería Satse, 'marea' en residencias, la Plataforma Social o la Asociación del Defensor del Paciente. En general, achacan a los redactores la omisión de categorías concretas de profesionales en el establecimiento de esas ratios mínimas de trabajadores al servicio de mayores y personas con discapacidad.

«No se recoge la obligatoriedad de contar con la presencia de enfermeras», critican desde Satse. Para este sindicato eso supone «ignorar las necesidades de cuidados sanitarios diarios» que requieren usuarios con perfil «pluripatológico» y auguran una «pérdida de calidad de los cuidados y una desprotección para los residentes» si esto no se corrige.

CC OO remarca que las ratios deben tener en cuenta el grado de dependencia de las personas a quienes se va a atender y diferenciar el personal necesario de atención directa de primer nivel (gerocultoras) y el de segundo nivel, que son profesionales generalmente sanitarios y con titulación universitaria o equivalente. Desde el sindicato esgrimen que la Junta cambia incluso la denominación genérica estatal de estos profesionales, lo que «puede provocar malinterpretación a la hora de establecer los mínimos en la ratio». Reclaman que el articulado incorpore las «categorías técnicas» con las que deben contar los centros: trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, TCAE, además de la sanitarias como profesionales médicos y de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos... Y que los trabajadores cuenten con la formación y capacitación acreditada.

El decreto de la Junta establece que «excepcionalmente» en las zonas rurales podrán trabajar en estos centros personas que no cuenten con titulación, certificación o cualificación profesional reconocida para ocuparse de la «atención directa» a los usuarios. Los alegantes reclaman, en el mejor de los casos, que se imponga un «periodo transitorio» para que estas personas puedan formarse. Entienden que dejar abierta esa puerta implica un riesgo de «desprofesionalización de la atención» y «precariedad laboral en el sector».

«Es esencial evitar generalizaciones... Subsumir todas las categorías profesionales dentro de una clasificación genérica, sin especificar el rol de cada profesional en los centros de cuidados de larga duración, generará graves consecuencias en la atención prestada a los usuarios», insisten desde el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León.

Los colectivos profesionales reclaman también que se defina qué formación deben tener las personas que desarrollen la labor de gestor de caso, de profesional de referencia y de profesional de enlace. Este último sirve de conexión con centros de salud y hospitales, por lo que el personal de enfermería reclama su papel ahí. El decreto emplea una redacción que estipula que será «preferentemente un profesional técnico con titulación circunscrita al ámbito de la salud, en una profesión sanitaria o en una profesión sanitaria de formación profesional».