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Trabajadoras de ayuda a domicilio con sueldos de 300 a 600 euros al mesDe las alrededor de 7.500 trabajadoras que prestan el servicio de la ayuda a domicilio (la mayoría son mujeres) a través de las licitaciones ... que efectúan las diputaciones y los ayuntamientos grandes de Castilla y León, el 90% subsiste con jornadas parciales y nóminas que fluctúan entre los 300 y los 600 euros mensuales. Así lo han denunciado este martes responsables de UGT, que reclaman a la Junta de Castilla y León que acabe con el modelo de 24 contratos dispares y los sustituya por uno autonómico que prime el empleo de calidad con jornadas completas.
La minoría de empleadas que logra completar la jornada se sitúa en el Salario Mínimo Interprofesional, incluso con una experiencia y antigüedad de más de 25 años. El de la atención a la dependencia es un ámbito creciente, a medida que aumenta la población mayor.
«Las administraciones sacan pecho con el número de empleo que genera la ayuda a domicilio, pero no dicen nada de los salarios. ¿Les da vergüenza saber lo que cobra una trabajadora de ayuda a domicilio?», se ha preguntado Tomás Pérez Urueña, secretario autonómico de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, que ha tachado la actitud de los gestores autonómicos, provincial y locales de «hipócrita». Los responsables de UGT señalan que el derecho de la atención a la dependencia es una gestión bajo la competencia de las comunidades autónomas, que estas delegan en las administraciones locales. Eso lleva en Castilla y León a 24 contratos diferentes en los que «cada administración pone el precio que le da la gana».
Los representantes de UGT consideran que esa potenciación de un «empleo de calidad» con jornadas completas que den para vivir debería incluirse debería ser prioritario para las administraciones. Algo valorable en las licitaciones como una cláusula social y más fácil de aplicar, de manera homogénea en toda la comunidad, con una única contratación autonómica, en un sector que reivindica mejoras laborales.
Pilar Gutiérrez, responsable del área de Atención a la Dependencia y Sociosanitaria del sindicato, explicaba que para un mismo servicio se plantean con dinero público valoraciones dispares. Que en Segovia se ha adjudicado a 21,25 euros más IVA la hora, mientras en Palencia esa cuantía es de 20,90 euros y en Ávila capital saldrá la licitación por debajo de precio que hace un año se cerró en la provincia del Acueducto.
Pérez Urueña y Gutiérrez han asegurado que la precariedad es la causa de la falta de personal para este servicio y también para trabajar en residencias de mayores. Una situación que irá creciendo. «Va a ser un sector en decadencia», han augurado. «Las administraciones miran para otro lado y presumen del número de trabajadoras que prestan el servicio. Que digan que algunas visitan tres o cuatro pueblos a la semana y ganan 300 euros al mes, que digan que quieren que se trabaje por esos 300 euros al mes. ¿Ese sueldo permite vivir?», ha denunciado Urueña, para sentenciar que el de la atención a la dependencia «no es un nuevo sector de empleo, es la nueva explotación».
Pilar Gutiérrez ha abordado, dentro de las condiciones de precariedad laboral que rodean el día a día de estas trabajadoras, cuestiones como el tiempo de desplamiento entre casa y casa, establecido en unos genéricos 5 minutos, con un tiempo real mayor que en muchos casos las empresas no reconocen, con repercusión de la jornada que las auxiliares de ayuda a domicilio y que ni cobran ni la empresa cotiza por ello.
Los representes de UGT ha descrito esta situación para las más de 7.500 personas que dependen de las licitaciones de diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, pero que han extendido a alrededor de otras 2.000 que prestan servicio desde entidades sin ánimo de lucro o asociaciones. Un ámbito en el que se emplea en muchos casos la figura del «asistente personal» con formación básica, pero que efectúa las funciones de un auxiliar de ayuda a domicilio, lo que ahonda en la «precarización».
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