Castilla y León

El Procurador propone una gestión pública completa de las Emergencias de Sacyl

Sin embargo, una cosa es el acceso y otra el funcionamiento. El 112 depende de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y tiene externalizado el servicio con operadores privados. Y la parte sanitaria (la que correspondería al 061) está asumida por la Consejería de Sanidad y por sus profesionales médicos y de enfermería así como la dirección y gestión de la parte clínica son de Sacyl, con personal público, pero el operador está también externalizado como las propias ambulancias y los técnicos de las mismas.

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Por ello, el Comité de Empresa del servicio de emergencias 061 ha solicitado que se incluyera en el plan anual de actuación de la Inspección General de Servicios para 2024 una auditoría sobre la gestión indirecta del servicio de atención de llamadas de emergencia 061, similar a la prevista para el 112. La Administración autonómica respondió que, aunque ambos servicios presentan similitudes, el 061 no sería incluido en dicha auditoría. Y los trabajadores presentaron una queja al respecto al Procurador del Común.

Las similitudes entre ambos servicios son claros, así lo recoge la Junta en su respuesta pero se apoya en las diferencias para rechazar realizar una autoría para conocer la calidad y funcionamiento del servicio de la parte que afecta a Emergencias-Sacyl. Destaca en su informe que en el caso del Centro de Emergencias 112, todos los profesionales que trabajan el mismo son personal externo que está preparado actuar según el modelo de despacho. Por lo tanto, «la dirección en la sala de operaciones se realiza por personal externo».

En cambio, añade, cuando del caso del Centro de Coordinación de Urgencias Sanitarias se trata, «solo una parte de los profesionales son externos, estando la gestión, dirección y control bajo el personal sanitario presente en el mismo. Todos trabajan bajo el modelo de regulación sanitaria». Y bajo tal argumento rechaza inspeccionar la labor externalizada.

Recoge el informe de la oficina de Tomás Quintana que la queja presentada considera que «sería conveniente incluir en el plan anual de actuación de la Inspección general de los servicios, para el año 2024, la auditoria sobre la gestión indirecta para evaluar la prestación indirecta del mismo y, con ello, eventualmente lograr la prestación de un servicio público de mayor calidad, así como un uso más eficiente de los recursos públicos, en su caso mediante la gestión pública directa del servicio». Precisa esta Procuraduría que, en todo caso, «la decisión sobre la adopción entre uno y otro sistema de gestión del servicio forma parte del margen de la decisión política de la Administración autonómica y para contribuir a materializar en un acuerdo ese margen de decisión podrían ser consideradas por la Junta algunos argumentos ampliamente difundidos». Así repasa la capacidad para gestionar los servicios públicos que se presume a la Administración; la posible preferencia de los ciudadanos por la gestión pública; la inmediatez en la guía y el ejercicio de control de la Administración cuando la gestión de los servicios es pública y el que una empresa privada puede estar orientada por la lógica económica de la actividad en detrimento de la prestación del servicio. En cambio la pública debe combinar la lógica económica y la social, decantándose por esta última en caso de necesidad.

Por todo ello, Tomás Quintana insta a la Junta a incluir la parte del 061 en las auditorías al 112 y recomienda que la Consejería de Sanidad que evalúe así la conveniencia de ampliar el plan para garantizar la calidad del servicio y un uso eficiente de los recursos, considerando también la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o seguir con la gestión indirecta.