Castilla y León

El Procurador del Común pide crear más plazas de logopedas en hospitales

«Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma por parte del órgano que corresponda de la Consejería de Sanidad en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución», añade el Procurador del Común en su escrito recogido por Europa Press.

Quintana inició a finales del pasado año una investigación ante la queja del Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León (CPLCyL) por la escasez de profesionales de esta disciplina en atención temprana y los obstáculos en algunas provincias, como Valladolid, para que puedan prestar el servicio a domicilio.

El colectivo, a través de su presidenta, Verónica Martínez Mata, recordaba entonces que la atención temprana es un proceso de atención de responsabilidad pública, de carácter universal y gratuito que está conformado por un conjunto de intervenciones integradas, dirigidas a menores de 0 a 6 años y a sus familias y, sin embargo, entendía que tal servicio no se está garantizando en Castilla y León, pese a que el objetivo del mismo sea responder lo más pronto posible a las necesidades que presentan los niños y niñas como consecuencia de trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlo.

Y es que el CPLCyL denunció el «insuficiente» número de logopedas actualmente en la comunidad, profesionales sanitarios cuya labor es de gran importancia en la población infantil para evitar, por un lado, que problemas del habla se conviertan en un trastorno del lenguaje, «que es más grave, y se trasladen luego a la escritura y supongan un retraso académico», explicaba la presidenta de la organización colegial, Verónica Martínez, para quien incluso una asistencia tardía puede conducir en los niños a problemas orofaciales que les dificulta succionar.

Pero además, Alicia Ferrero, letrada del CPLCyL, subraya que la labor del logopeda se extiende a otras vertientes como la asistencia a pacientes post-covid que han sufrido un ictus o han estado intubados y presentan problemas de deglución, con el consiguiente riesgo de ahogarse cuando comen, sin olvidar el servicio ofrecido a personas mayores, muchas de las cuales mueren de neumonía por problemas también de deglución.

De ahí su reivindicación de incrementar el número de profesionales en sanidad y servicios sociales, algo que, como así advertía la letrada del colectivo, ha realizado la Junta de Andalucía al aprobar la creación de 154 profesionales, generándose de este modo en Castilla y León una discriminación negativa para la salud de su población. «En la cartera de sanidad sí figura la Logopedia, si bien en Castilla y León el número de profesionales es de 0,64 por cada cien mil habitantes», se quejaba Alicia Ferrero, quien calificó de insuficientes las plazas convocadas por la Junta en los últimos diez años.

Pero además, el CPLCyL recuerda que el logopeda no está presente en el sector educativo y es muchas veces sustituido de forma injusta por maestros de audición y lenguaje, «que no deberían intervenir en patologías de base sanitaria, pues lejos de mejorar, el paciente se cronifica y su rehabilitación en esta etapa tan sensible es mínima o imposible por este intrusismo profesional», a lo que la presidenta del colectivo, para ejemplificar la situación, aludía a la comparación entre un profesor de Educación Física y un fisioterapeuta y sus distintos cometidos.

En este sentido, la abogada del CPLCyL apunta que ya ha habido denuncias en varios colegios de Castilla y León por utilizar el título de Logopedia y firmar como informe logopédico por parte de maestros en audición y lenguaje. «Y es que se está llevando a engaño a los padres de los niños, que no llevan a un logopeda a su hijo para tratar un problema de base al hacerles creer que sigue terapia con un profesional con competencias en la materia», lamentaba Ferrero.

Entre las quejas del CPCyL se incluye igualmente la imposibilidad en algunas provincias, fundamentalmente en Valladolid, para que estos profesionales puedan realizar servicio a domicilio al exigírseles contar con una clínica o centro asistencial, requisito que no se está imponiendo en otras partes de la comunidad y del territorio nacional. «Nos quejamos porque se está limitando nuestra opción profesional de salir a los domicilios y prestar atención a demanda ya que nos obligan a tener una ubicación física, con el problema añadido que ello supone para aquellos pacientes que no pueden desplazarse a una clínica o a un centro sanitario», concluía la letrada de la organización colegial.