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El Procurador considera «injustificada» la demora en pagar las subvenciones de placas solares y ahorro energético
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El Procurador considera «injustificada» la demora en pagar las subvenciones de placas solares y ahorro energéticoNuevo toque de atención a la Junta de Castilla y León por la demora en contestar y pagar las subvenciones para incentivar el ahorro energético, ... entre ellas las de particulares que han cubierto los tejados de sus casas con placas solares para aminorar su factura de la luz, apoyo público al que han aspirado más de 20.000 hogares. Hay atasco en el Ente Regional de la Energía (EREN), departamento que depende de la Consejería de Economía y Hacienda. Ese retraso de meses de silencio sobrepasa los plazos de respuesta y genera quejas. Y ese goteo de reclamaciones que investiga el Procurador del Común culmina con una conclusión y una propuesta. La primera es la constatación de que el Gobierno autonómico no resuelve a tiempo las solicitudes de subvención y perjudica a los ciudadanos con derecho a cobrar la ayuda y la segunda es una recomendación: que valoren poner en marcha un «plan que choque» con personal y medios para tramitar con mayor agilidad la totalidad de las ayudas.
Tomás Quintana, Procurador del Común, ha remitido dos resoluciones más a la Junta en los últimos días con relación a impagos de la subvención de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables. Unas líneas de ayudas muy solicitadas, principalmente por el 'boom' que han vivido las placas fotovoltaicas, y de tramitación farragosa, cuya demora provoca entre los peticionarios un malestar proporcional a la expectación que generó la puesta en marcha de estos apoyos, y que llevan camino de convertirse en un 'clásico' en las quejas al Defensor autonómico.
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Los ciudadanos que han recurrido a Quintana tenían la subvención concedida en 2023, uno de ellos en julio, sin que habiendo transcurrido casi un año se les hubiera pagado por parte de la Junta. El Procurador recuerda que la Administración autonómica ha incumplido los plazos de resolución antes de llegar a esa demora en el pago final. Quintana añade que es potestad de la Junta establecer las subvenciones, pero que una vez tomada esa decisión, una vez regulada la ayuda, debe cumplir lo que refleja en las bases de convocatoria. «No parece razonable que si el plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de concesión de las ayudas es, en el caso de este expediente, de seis meses, el plazo para evaluar su justificación pueda dilatarse más de un año, como previsiblemente va a suceder», remarca la resolución firmada por Quintana.
«Somos conscientes de que siempre la gestión de fondos es una tarea compleja y que supone una importante carga de trabajo, por lo que los esfuerzos para su tramitación tienen un valor encomiable, pero no podemos por ellos obviar la necesidad de que las administraciones resuelvan de manera expresa las cuestiones que les plantean las personas interesadas y de lo hagan en plazo», insiste de nuevo el Procurador, que para ello vuelve a plantear al consejero Fernández Carriedo que valore impulsar medidas organizativas extraordinarias. Concretamente, «la posibilidad de arbitrar un plan de choque hasta que se ultime la tramitación de la totalidad de estas ayudas con el pago efectivo de las mismas».
Quintana señala que adoptar las «soluciones concretas» para deshacer el atasco corresponde al equipo de Economía y Hacienda, pero incide en que «parece evidente que se debe considerar la eventual falta de personal o de medios materiales dado el volumen de trabajo que genera la concesión de estas ayudas». Una tramitación que, tras el análisis de sucesivas quejas con los datos que aportan los interesados y la propia Administración, el Defensor autonómico no duda en describir como marcada por la «anormalidad».
Estas subvenciones para incentivar el autoconsumo de energía mediante placas solares, el almacenamiento o la implantación de sistemas térmicos renovables se pagan con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Unión Europea impone controles rigurosos, que debe trasladar el Gobierno central en las líneas generales de los programas cuyas solicitudes y tramitación de pagos gestiones por último las comunidades autónomas.
No es la primera vez ni la segunda que esta demora en trámites y abono de la subvención para impulsar el uso de energía renovables culmina en amonestaciones del Procurador del Común a la Junta de Castilla y León. «Los ciudadanos no están obligados a sufrir los problemas de gestión», trasladó Quintana en ocasiones anteriores.
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