20.000 familias que instalaron paneles solares, a punto de quedarse sin ayudas

El PSOE de Castilla y León ya da por hecho que todas estas personas que apostaron por la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo se quedarán en la estacada y ha arremetido contra el ejecutivo autonómico por «instar a las familias a hacer inversiones de hasta 9.000 euros con la garantía de recibir ayudas y ahora no resolver los expedientes».

El portavoz de Fomento y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, ha explicado que el Gobierno de España ya ha entregado a Castilla y León 37 millones de euros procedentes de los fondos europeos para estas ayudas y ha culpado de la situación a la «gestión incompetente de la Junta, que ha colapsado y desmantelado la administración y que, junto con otras comunidades gobernadas también por el PP, lleva a cabo un boicot contra el Gobierno de España».

En respuesta a estas acusaciones, la Junta asegura que su objetivo es cursar todas las solicitudes y culpa a unos trámites «extremadamente complejos, sobre todo para las familias y para las pequeñas y medianas empresas, que tendrían que flexibilizarse y simplificarse» por parte del Gobierno. Según el portavoz del gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, la Junta quiere «que los fondos europeos lleguen a familias y a pymes pero para eso hace falta que haya unas bases de convocatoria, que son de ámbito nacional, que sean flexibles y adaptadas a las necesidades».

Según Fernández Carriedo, sin una modificación en los trámites y los plazos «cometeríamos el error de pensar que unos fondos se han gastado simplemente porque se han transferido a las comunidades», por lo que ha considerado que es «importante consultar con las comunidades para que el procedimiento sea más sencillo» y ha confiado en que todo esto se aborde en el grupo de trabajo que se ha creado« para avanzar en este sentido.

La instalación residencial 'tipo' de paneles solares para autoconsumo es un proyecto de 4,6 kW de potencia con un coste medio de 7.855 euros, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). El importe de las ayudas varía según la potencia y ubicación, con cantidades adicionales en los municipios pequeños. En general, las subvenciones destinadas al sector residencial van de 300 a 600 euros por kW instalado, según las bases del Plan de Recuperación.

Lo cierto es que el tapón burocrático es generalizado en las autonomías. Las demoras se suceden en lugares como Andalucía, Cataluña o Aragón. En esta última comunidad, el asunto fue uno de los temas estrella en la última campaña electoral que terminó con cambio de gobierno. El nuevo ejecutivo de PP y Vox anunció al poco de tomar posesión la contratación de decenas de técnicos para agilizar los trámites y acabar con unos retrasos de los que culpaba al anterior gobierno socialista de aquella comunidad. Cataluña también ha incrementado el personal para cursar las solicitudes.

El mes pasado, desde la Unión Española Fotovoltaica se alertaba de que la gestión de las subvenciones para las instalaciones sufre retrasos de hasta dos años en algunos lugares de España. Cifraron en hasta 500.000 las peticiones pendientes y lamentaban que el atasco en el pago de las ayudas desalienta a quienes están pensándose instalar paneles en sus casas.

En Castilla y León, mientras, se reproducen los 'inconvenientes' de la llegada de tanto dinero europeo. El aumento de ayudas para líneas de apoyo a eficiencia energética, al vehículo eléctrico o al alquiler se junta con las vacantes de personal y desemboca en los consiguientes atascos. Miles de solicitudes sufren demoras de meses, sino de años, y los ciudadanos que se compraron un coche, pusieron paneles solares o se independizaron contando con la subvención, ven su gozo en un pozo.

En octubre, la Consejería de Economía y Hacienda reconocía que solo había resuelto el 32% de las 5.600 solicitudes de subvención del Plan Moves III para la compra de un vehículo electrificado. En el Procurador del Común se multiplican las quejas de los ciudadanos por los retrasos en el abono del bono térmico, al que tienen derecho 87.000 hogares en la comunidad.