Castilla y León

PP y Vox pactan una ley de concordia ampliada a las víctimas «hasta 1931»

Ha tardado dos años y llega después de que los presupuestos generales de la comunidad estén ya a punto de superar los últimos trámites para aprobarse a finales del mes de abril. Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, portavoces de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León, presentaron al alimón la proposición de ley que comenzará su tramitación ya mismo, una vez que ya se ha registrado en el parlamento. «Proposición de ley de concordia de Castilla y León», la han llamado. De la Hoz fue prudente en el fondo y en las formas. Leyó el texto que traía escrito, inusual en él, consciente de lo sensible del asunto. «En el PP hemos rechazado siempre y ahora también, con la misma intensidad, cualquier actitud que promueva odio, intolerancia o afecte a la igualdad de todos los españoles. Por eso la condena a todos los casos de vulneración de derechos humanos con independencia de quién, dónde y cuándo los vulnere», defendió. Y acto seguido explicó que la ley de concordia contemplará el periodo entre 1931 y 1978.

Carlos Menéndez defendió esta ampliación con el argumento de que la segunda república, la guerra civil y la dictadura son etapas «unidas historiográficamente» y las víctimas deben contar con la misma protección. E hizo hincapié en este matiz cuando se le interpeló que había dicho «históricamente». «Historiográficamente», silabeó. En palabras de la Real Academia de la Lengua: «Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas materias».

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Las palabras, en este ámbito, son cruciales. Así que ambos portavoces trataron de escoger cuidadosamente sus referencias. «Mantenemos el espíritu del decreto de memoria histórica de 2018 -de la Junta-, hoy vigente, que fue pionero. La ley estatal de 2007 ha sido modificada en 2022 promulgando la nueva ley de memoria democrática y se requiere una adaptación de la normativa autonómica a la estatal», justificó De la Hoz. El portavoz del PP compartió el argumento de Menéndez (Vox) de que existe una «visión sesgada» en la normativa estatal vigente.

Menéndez, en todo caso, fue más allá. Cabe recordar que esta proposición de ley surge como exigencia de Vox para firmar el pacto de Gobierno en junio de 2022. «Nunca ha habido un relato consensuado de segunda república, guerra civil y franquismo», defendió. «Con la constitución de 1978 se pone a un enfrentamiento entre los españoles, se consagró la concordia entre los españoles y supuso un entendimiento, resolviendo las discrepancias de forma democrática. Los españoles hicieron un esfuerzo pada cerrar heridas del pasado. Y tras 45 años la sociedad española está comprometida con la cultura de la paz. Los poderes públicos debemos velar por una visión objetiva de la historia».

A Menéndez le preguntaron si es compatible este discurso y la defensa de una ley de concordia con el hecho de que Santiago Abascal, líder de Vox, considere al Gobierno actual el peor de los últimos 80 años, lo que incluye la dictadura de Francisco Franco. «Tenemos un Gobierno de izquierdas sectario que ha tomado decisiones en forma de leyes y reales decretos en los que se han recortado derechos y libertades a todos los españoles, reconocidos por el Tribunal Constitucional a instancias de Vox», replicó, en referencia a la sentencia sobre el estado de alarma en la pandemia, por ejemplo.

Las asociaciones que se encargan de las exhumaciones seguirán contando con la colaboración de la Junta, aseguró De la Hoz, aunque pasan a tener un papel menos relevante. Hasta ahora formaban parte del comité técnico. Ahora, se crea una comisión de exhumaciones de la que quedan excluidas esas asociaciones. Para De la Hoz es una mera cuestión técnica. «Esa comisión pasa a tener competencia resolutiva de las solicitudes que vienen de las propias asociaciones, ya no solo asesor, por lo que su presencia generaría un conflicto de intereses».

La proposición de ley debe ser ahora admitida a trámite por la Mesa de las Cortes, a continuación se calificará, la Junta emitirá u informe en quince días y después pasará a ser tomada en consideración por el Pleno de las Cortes. PP y Vox quieren que el texto esté listo al final del periodo de sesiones, esto es, antes del verano. Lo que ocurre es que hay «escasez de letrados» y la ley de presupuestos se come todo el trajín burocrático disponible, lo que puede complicar ese objetivo.