PP y Vox cierran el curso político desde trincheras opuestas

Y la segunda semana, la previa a las vacaciones, ha sido la que ha determinado las nuevas reglas del juego. Con la misma contundencia y nitidez por parte del PP y con las primeras andanadas del nuevo opositor, Juan García-Gallardo, para fijar posiciones y mostrar lo que se puede encontrar Mañueco cuando se inicie el curso político en septiembre.

El mismo lunes, Leticia García, nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, ya había programado su primera reunión con CCOO, UGT y CEOE Castilla y León. Esto es, con los tres agentes del Diálogo Social a los que Mariano Veganzones, su antecesor, había declarado una batalla sin cuartel. «Comegambas», les llamó en el hemiciclo y en los mítines de campaña, que para el consejero ambos escenarios eran una misma cosa en cuanto al discurso. 72 horas después de esa reunión, el Consejo de Gobierno aprobaba pagar el alquiler y otros gastos de la sede del Servicio de Relaciones Laborales: «Gastos de arrendamiento, costes salariales del personal de alta dirección y gastos derivados de los servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de todos los conflictos, tanto de conflictos colectivos como de conflictos individuales». Un reinicio del sistema en toda regla. Apaga y enciende.

El miércoles, María González Corral hacía algo similar con las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y Alianza UPA-Coag. El titular de la nota de prensa de la Junta dejaba poco lugar a la especulación sobre el primer objetivo de esta reunión, el simbólico. «La Consejería abre una nueva etapa de colaboración y diálogo con las organizaciones profesionales agrarias». Por alusiones, se entiende que antes no había esta colaboración y diálogo, aunque las organizaciones, especialmente Asaja, se mostraran comprensivas en su despedida pública del ex consejero Gerardo Dueñas. En el ambiente aún quedan ecos de las movilizaciones agrarias y peticiones que, aunque han sido atendidas en parte, siguen vigentes en aspectos que incluso escapan a las competencias de la Junta. Ahí, María González encontró la ocasión para reforzar a la vez su nexo con las organizaciones agrarias y ejercer la oposición al Gobierno central. Se comprometió a exigir al Ministerio que se anticipe «el 70 % de los importes de las ayudas directas de la PAC».

La tercera pata de los cambios -el consejero Sanz Merino es, de momento, el puesto menos conflictivo, porque aterriza en una consejería que ya era PP- es la vicepresidenta Isabel Blanco. Su agenda de actos se va a multiplicar. De momento, al margen de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, acudió a la toma de posesión del delegado territorial en Zamora, Fernando Prada, como vicepresidenta; a un campamento juvenil en Santa Lucía de Gordón, como consejera; a las fiestas patronales de Asturianos, en Zamora, como dirigente del PP; a la firma de un convenio en Peralejos de Abajo, Salamanca, como consejera... Y a la junta directiva nacional del PP en Madrid, como vocal del partido.

De un plumazo, el PP ha devuelto a la Junta de Castilla y León a los ajustes de fábrica. Imposible encontrar un rastro de Vox y sus políticas, ni siquiera esas leyes anunciadas, incluso registradas en las Cortes, que Mañueco ya dio por muertas con la ruptura del pacto de Gobierno. ¿Dónde está ahora el ex socio? Pues tratando de encontrar su sitio desde otra perspectiva, la de la oposición en las Cortes. Allí ha recalado Juan García-Gallardo, impuesto como portavoz del grupo parlamentario por parte de la dirección nacional del partido. La reorganización se llevó a cabo el lunes 21, diez días después de la ruptura, y el ex vicepresidente ya ha mostrado cuál será la línea a seguir. Nada diferente, en esencia, a la que marca Vox desde la sede de Bambú, en Madrid: el PP está más cerca del PSOE, de la izquierda, que de los valores de derechas que dice defender. Es decir, cerca de Pedro Sánchez. Para Mañueco, un anatema. «Iniciamos una nueva etapa con los mismos principios que hemos venido defendiendo hasta ahora», anunció Gallardo. Y anticipó que el PP «tendrá que negociar punto por punto si quiere contar con nuestro apoyo».

Después de aquella reunión-debut del grupo parlamentario le llegó la ocasión de poner el primer hito opositor en la nueva etapa. Fue como consecuencia de las primeras reuniones con sindicatos y CEOE. «Mañueco se pliega ante los sindicatos», fue la primera nota de prensa remitida por Vox desde las Cortes con Juan García-Gallardo. «Solo una semana después de la puesta en marcha del Gobierno en solitario del PP quedaron despejadas todas las sospechas: la primera decisión de Fernández Mañueco ha sido ir corriendo a sentarse con sindicatos y patronal para devolverles la financiación pública a través de las subvenciones que Vox eliminó».

El objetivo es identificar al PP con el PSOE, convirtiendo en realidad ese viejo lema de Twitter que los nombra como «PPSOE». Vox, fuera de los ejecutivos autonómicos, tendrá menos visibilidad y menos fortaleza a la hora de imponer sus políticas. De hecho, con las cuentas de 2024 aprobadas, el PP podría prorrogar presupuestos, llegado el caso, para 2025, ya en vísperas de la convocatoria electoral programada para 2026. Las primeras encuestas difundidas tras la fractura hablan, a nivel nacional, de la irrupción del partido de Alvise Pérez, que mordería voto a Vox y le haría perder fuerza.

En ese contexto llegará septiembre. Con Alfonso Fernández Mañueco como barón del PP en solitario, pero sin mayoría absoluta, decidido a reconducir relaciones con los agentes sociales y a apaciguar la política autonómica hasta desvanecer las polémicas heredadas de su socio. Y con Vox obligado a plantear una batalla que, desde fuera del Gobierno, comienza en clara desventaja.