Castilla y León

PP y Vox aplican una nueva demora a la Ley de Derechos al Final de la Vida

Un continuo camino de tropiezos y escollos, eso es en lo que se ha convertido el proyecto de ley que inicialmente firmó en la legislatura de 2019 a 2021 Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta para su envío a las Cortes en la etapa del pacto con Cs.

La tramitación del texto, ahora como proposición de ley impulsada por el PSOE, ha sufrido este jueves una nueva demora a iniciativa del PP, y con el apoyo de Vox, al quedar su toma en consideración fuera del debate del pleno que la próxima semana celebrarán las Cortes. Será la última sesión del año, en un calendario en el que los procuradores no volverán al hemiciclo hasta febrero.

La exclusión del texto ha generado polémica. El PP ha argumentado que había un «acuerdo» de agosto, negado por el PSOE, por el que se limitaba a una por pleno la toma en consideración de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. Como planteaban incluir una de PP y Vox sobre la provisión de sanitarios en puestos de difícil cobertura, dejaban fuera la de derechos y garantías de los ciudadanos al final de su vida.

El socialista Luis Tudanca y Pablo Fernández, de Unidas Podemos, han tachado de «veto» el nuevo aparcamiento de la regulación que se orienta a reforzar los derechos de las personas en situación terminal. Ha sido tras la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del pleno. «No quieren que mejoremos la vida de lagente que lo pasa tan mal y que sufre al final de sus días», ha valorado Tudanca. Desde el PSOE han señalado que ha habido sesiones con dos debates de este tipo de iniciativas. La última, en septiembre, después del «acuerdo» esgrimido por el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes. Ese mes hubo un pleno en el que se sometió a consideración del hemiciclo si había que tramitar dos proposiciones de ley, una del PSOE para regular profesionalmente a los agentes medioambientales y la de Concordia que habían promovido PP y Vox y que, una vez roto el pacto por parte de los de Abascal, se llevó el voto en contra de los populares. Si hubo acuerdo en agosto, no se aplicó en septiembre.

Según recoge Europa Press, García-Gallardo aseguró este jueves que por su parte que Vox no ha firmado ningún acuerdo con el PP para acotar de iniciativas legislativas a una. Fuentes populares insistían después en que hay un acuerdo de la Mesa de las Cortes, donde Vox sienta al presidente Carlos Pollán y a Fátima Pinacho, secretaria tercera del Parlamento, y que cuestión aparte es que Gallardo lo desconozca.

La polémica sobre las limitaciones de asuntos de debate en los plenos autonómicos se cobra como víctima esa nueva demora en la posible tramitación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso del Final de su Vida. El proyecto ha demostrado tener genes gatunos, por aquello de las siete vidas que se atribuyen a este animal. El texto remitido por el Gobierno autonómico de PP y Cs estaba en las Cortes cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó elecciones en diciembre de 2021 y decayó.

Francisco Igea recuperó después el mismo texto respaldado por los populares como proposición de ley en junio de 2022 y toda la Cámara, salvo Vox, votó a favor de retomar la tramitación en septiembre de ese año. Daban así una segunda oportunidad a esa ley. Pero empezaron las dilaciones, con prórrogas continuas para presentan enmiendas, en algunos casos solicitadas por grupos que finalmente no registraron ninguna. Supera esa etapa que se prolongó durante meses, llegó otro varapalo. El PP, con Raúl de la Hoz como portavoz, decidió retirar sus 56 enmiendas y tirar a la papelera el trabajo de los parlamentarios que las redactaron, lo que suponía boicotear la iniciativa, argumentando que Francisco Igea se había mofado del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Eso dio lugar a una situación nunca vista en las Cortes, con el PP aplicando un 'vacío' parlamentario a Igea, lo que sembró de silencios populares la comisión en la que se tramitaba ese texto legal, con las enmienda que habían presentado los grupos de la oposición, principalmente del PSOE. Ese es el texto, tumbado sin debatir por los populares, que retomaron de nuevo los socialistas y el ahora vuelve a sufrir un nuevo freno.

Todo lo anterior ocurre en una legislatura en la que la facturación de leyes está en mínimos históricos. En este momento no hay ningún proyecto de ley remitido por la Junta para su tramitación. Tampoco el del presupuesto para 2025, que con un calendario normalizado debería haberse aprobado en el último pleno de diciembre, el de la próxima semana. Solamente hay proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que, para tramitarse, deben superar un primer debate de toma en consideración en el hemiciclo. Ese era el punto en el que estaba la Ley de Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso del Final de su Vida, que deberá esperar, como mínimo, a febrero.