La política de Castilla y León se suma a la presión hacia los jueces

Así que el comunicado podría extenderse a otros señalados. Esta vez por Vox y en las Cortes de Castilla y León. Su portavoz, Carlos Menéndez, consideró que «ante la más que previsible presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía es imprescindible que los magistrados del Tribunal Constitucional que tienen íntima relación con PSOE y separatistas no intervengan». Y, como Nogueras, también puso nombres y apellidos: Cándido Conde-Pumpido, Laura Díez, Juan Carlos Campo.

El comunicado del CGPJ también podría incluir a los designados por Pablo Fernández, de Unidas Podemos. Aunque el portavoz nacional y procurador único de la formación en Castilla y León evitó dar demasiados nombres y optó por la generalización. «Ustedes quieren que los jueces nombren a los jueces porque tienen claro el sesgo conservador de gran parte de los jueces. El CGPJ y muchos jueces son operadores políticos». Y aquí sí introdujo un nombre concreto. «Si ustedes quisieran promover la independencia de poderes, deberían proponer que se amoneste al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, persona que siendo juez se dedica a hacer política día sí y día también», concluyó.

La popular Rosa Esteban criticó al PSOE por pactar «con quienes acusan a los jueces», pero luego deslizó también el nombre de Conde-Pumpido. Más trabajo para el CGPJ. A lo que Patricia Gómez (PSOE) replicó con que «el CGPJ se viene eligiendo de igual manera desde 1985, el señor Rajoy criticó ese sistema, pero con mayoría absoluta tampoco lo cambió». Y después de recomendar al portavoz de Vox que se aprenda el artículo 117 de la Constitución, señaló que «el PP siempre quiere controlar el CGPJ, no le gusta que haya magistrados progresistas».

[El artículo 117 tiene seis puntos, por cierto. El primero dice: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

Tanto ir y venir con los jueces denota, en realidad, la presión que se va a ejercer a partir de ahora, con la ley de amnistía ya en el Congreso de los Diputados, para ganar la batalla judicial al respecto de esa norma. El recurso de inconstitucionalidad, que Vox y PP ya anticipan, tendrá que resolverlo el Tribunal Constitucional y las simpatías políticas de unos y otros magistrados se convierten en arma arrojadiza preventiva.

Porque las Cortes de Castilla y León se han convertido en un remedo de la política nacional en un hemiciclo sin competencias para abordar estas cuestiones. De eso se quejan UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila, formaciones territoriales que se enfrascan en traer al parlamento autonómico cuestiones como «impulsar la promoción de la etnografía del antiguo reino de León». Este miércoles se debatían cuatro proposiciones no de ley. Dos eran de PP y Vox. La de Vox, en su puntos dos: «Manifestar su más firme rechazo al intento de laminar el principio de separación de poderes a través de una Ley de Amnistía que supone permitir la injerencia de los partidos políticos a través del poder legislativo en el poder judicial». La del PP consistía en retomar la carta de Alfonso Fernández Mañueco a los Ministros Magos con el listado de actuaciones pendientes en Castilla y León para añadir, justo al principio del texto, la pullita: «Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al nuevo Gobierno de España a fin de que por parte de este se asuma públicamente su compromiso de que […] asegure un trato igualitario a esta comunidad en relación el resto de las comunidades autónomas, y ello con Independencia del contenido de los acuerdos para Investidura del presidente del Gobierno».

Al comienzo de su intervención, Carlos Menéndez apeló «a la responsabilidad de todos y cada uno de los procuradores» de las Cortes, comprometidos bajo juramento «a defender el marco constitucional que consagra la separación de poderes y la independencia del poder judicial». Pero por lo visto en el debate eso no excluye la presión al alza hacia quienes decidirán en última instancia si la ley de amnistía es o no constitucional.