El bloque progresista del Constitucional se debilita en la antesala de debatir la amnistía

Aunque el polémico texto normativo apenas ha comenzado su andadura parlamentaria y no hay siquiera certezas de cuándo podría ser aprobado, el magistrado progresista ha decidido abstenerse ya en un primer recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley. Una impugnación de limitado recorrido dado que la proposición de ley avalada por el PSOE y sus socios soberanistas apenas acaba de conocerse en su literalidad, pero que ha precipitado la inhibición de Campo, cuya designación para el TC a propuesta del Gobierno del que fue ministro provocó una considerable polvareda.

La posición jurídica de Campo ante la ley amnistía resulta muy complicada. Él fue quien firmó los informes favorables a los indultos para Oriol Juqueras y el resto de los condenados por el 'procés' cuando era el titular de Justicia; y en ellos aseguraba que «a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito».

La abstención de Campo, que asegura que su decisión de apartarse busca salvaguardar la «imparcialidad» del TC, en principio no altera el equilibrio de poderes en el Constitucional, ya que el ala progresista de la corte, tras la reciente renovación de enero, cuenta con una holgada mayoría de siete magistrados frente a cuatro conservadores. No obstante, esta 'baja' progresista sí que podría complicar la fuerza de este bloque ya que hay pendientes otras recusaciones que podrían provocar más abstenciones forzadas o voluntarias.

De hecho, el Constitucional ya ha recibido recurso de amparo más de otro particular, también por la futura amnistía, donde ya se plantean recusaciones contra Campo, Laura Díez y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido.

Las recusaciones contra Campo y Díez en aquellos asuntos relacionados con el actual Gobierno que han llegado a la mesa del trubunal han sido recurrentes por cuanto fueron los dos magistrados que se incorporaron al TC a propuesta del Ejecutivo: el primero, como se ha señalado, tras ser ministro de Justicia y la segunda después de ejercer como alto cargo de Moncloa, en el gabinete de la Presidencia comandado por Félix Bolaños, de quien era persona de confianza. Bolaños ha visto reforzadas sus atribuciones en el nuevo Gobierno formado por Sánchze al serle asignadas, precisamente, las de Justicia en una legislatura que nace marcada y condicionada por la ley de amnistía pactada por el presidente con los secesionistas catalanes.

En cuanto a Conde-Pumpido, en 2021 se abstuvo de todos los asuntos vinculados al 'procés', pero en su caso después de que los líderes independentistas le recusaran al estimar que no era «neutral» ni «imparcial» por una conferencia en la que participó en noviembre de 2017 y donde ofreció su opinión acerca de la intentona separatista en Cataluña que había vivido ese otoño sus momentos más críticos. Entonces, el hoy presidente del TC manifestó su «preocupación» por aquellos acontecimientos y los calificó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia».

Según todas las fuentes consultadas, los recursos ya presentados contra la futura amnistía no tienen recorrido alguno porque la ley no ha sido aún aprobada y sus efectos, en consecuencia, no han podido afectar a los derechos de ningún ciudadano particular. No obstante, las decisiones que adopte el Constitucional sobre la abstención de Campo y las recusaciones lanzadas sí servirán para ir configurando el pleno que deberá decidir sobre la medida de gracia.