La Plataforma de Afectados denuncia ante el Parlamento Europeo la gestión de las residencias en Castilla y León

Desde el comienzo de esta emergencia sanitaria «se han detectado numerosas deficiencias, precariedad y plantillas insuficientes para hacer frente a una situación de extrema vulnerabilidad y complejidad médica dada la pluripatología asociada a la avanzada edad de estas personas mayores», continúa el escrito, que fue registrado el pasado agosto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La Plataforma solicita que se elabore un informe ante los hechos denunciados respecto de la posible vulneración, también, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como los relativos a la dignidad humana y a la integridad y a la no discriminación, Asimismo, solicitan a la Comisión Europea un informe pormenorizado sobre lo sucedido en los centros residenciales de Castilla y León y posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante la primera fase de la pandemia en estos establecimientos, como la no hospitalización de los ancianos enfermos y el mantenimiento en sus habitaciones.

En el escrito presentado ante el Parlamento Europeo para justificar que se abra una investigación, la Plataforma denuncia que no se pusieron en marcha de inmediato en los centros «los diferentes protocolos existentes para casos de epidemias» , donde no había equipos de protección individual suficientes ni personal.

El trágico balance en las residencias, apostilla el escrito, «tiene sus causas en la normativa de residencias de Castilla y León, el decreto de 2016 (finalmente anulado en 2019 por los tribunales tras los recursos de colectivos sanitarios) en el que desaparecían las ratios de personal, permitiendo a las residencias privadas carecer de personal sanitario, o rebajarlo sobremanera con respecto a la normativa anterior, sobrecargando estas funciones al Sistema Público de Salud». Al llegar la alerta sanitaria, sostienen, la Junta «sencillamente se dedicó a confiar, como había venido haciendo en las dos últimas décadas, en los datos proporcionados por las residencias privadas y procedió a la medicalización únicamente cuando las direcciones así lo solicitaban».

En paralelo a esta iniciativa, anunció la portavoz de la Plataforma, Ana Isabel Redondo, que preparan concentraciones en Valladolid y León para el próximo 26 de septiembre, en el marco de la movilización a nivel estatal que organiza Marea de Residencias. También presentarán una queja ante el Procurador del Común sobre lo que consideran un «régimen de visitas arbitrario» en los centros asistenciales de Castilla y León.