Planes de choque y más prevención, asignaturas de las residencias de mayores para contener el coronavirus

Pero en las más de 1.200 residencias de mayores de Castilla y León hay también 47.000 residentes y miles de trabajadores que tratan de prepararse para su particular septiembre. Un sector que además se siente «estigmatizado porque fuimos los primeros afectados de forma dramática», admite el director de la Casa de Beneficencia de Valladolid, Nicolás Díez Martín.

Una nueva Guía de Actuaciones en las Residencias presentada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta hace 10 días le ha puesto nuevos deberes a un sector que sigue bajo la lupa de familias y expertos en geriatría, que reclaman un nuevo modelo de gestión.

Ese documento exige a cada centro de mayores un menú de nuevas obligaciones que incluyen planes de contingencia, unidades de convivencia y un profesional de enlace disponible las 24 horas y siete días de la semana. También zonificaciones (espacios con y sin covid), circuitos para que no se mezclen los usuarios, pruebas PCR previas para trabajadores y residentes cuando regresen al centro tras vacaciones programadas y un estricto sistema de salidas al exterior o visitas de familiares.

Algunas tratan de aprender de la dura experiencia de los últimos meses. La residencia Cardenal Marcelo, gestionada por la Diputación de Valladolid, sufrió niveles de contagio cercanos al 90% de sus usuarios. Ahora se presenta como «un modelo de gestión que funciona como un reloj», valora el diputado de Servicios Sociales, David Esteban.

Sus gestores diseñaron un plan de choque que incluye un 'equipo covid' para hacer frente a los casos que, se temen, «no dejarán de manifestarse». Un esquema que incluye un punto de atención continuada y el uso del Centro de Integración Juvenil (CIJ) ubicado en el antiguo hospital Doctor Villacián como centro para aislamientos preventivos.

Allí van los mayores en riesgo o sospecha de contagio. Este pasado miércoles volvieron a sus habitaciones 7 de los 15 que aún seguían en este nuevo 'cordón' sanitario antivirus. «Estamos normalizando lo que es normal. Y lo normal es la convivencia con el contagio», reflexiona David Esteban.

Otro de los centros que sufrió el embate de la pandemia fue la Casa de Beneficencia. La «estigmatización», que dolió a todo el equipo del centro, solo ha servido para redoblar unos protocolos que «ya teníamos desde el principio. No había falta de control -defiende su director, Nicolás Díez Martín-, sino falta de pruebas PCR».

Ahora, en Beneficencia presumen de «ser más restrictivos incluso de lo que pide la Junta». Eso se traduce en pruebas rutinarias a los empleados y no solo cuando hay sospechas. Tanto los residentes que salen como los trabajadores de vacaciones solo pueden reingresar con un PCR negativo. Eso no impedirá «que haya cuarentenas cada dos por tres porque el 'bicho' es fácil que lo traigan los empleados», admite Díez Martín.

En este centro también se han cambiado los accesos para que el personal de servicio vaya directo a sus vestuarios, han adaptado los turnos para que «estén los mismos en los mismos sitios» y han convertido en intercambiables las salas de estar y comedor. «No estamos para desescalar un comedor que antes juntaba a 80 personas», insisten.

El papel de las familias y sus visitas también deberá adaptarse a la dura realidad. Si la nueva Guía de Actuaciones de la Junta permite una visita de una hora por persona y día, en la Casa de Beneficencia ya se aplican citas de 45 minutos, a dos metros de distancia, sin tocar nada, y con toma de temperatura y medidas profilácticas al entrar y salir. «Las quejas de las familias por ser estrictos no nos preocupan en este momento», deja claro su director, que reclama «un cambio de mentalidad general porque la gente baja la guardia enseguida».

Cardenal Marcelo (público) o Beneficencia (privado) son grandes centros de mayores de relativa visibilidad. Pero ¿cómo se están adaptando las más de 1.200 residencias de la comunidad a las nuevas normas y necesidades? Algunas de las grandes cadenas de residencias con presencia en Castilla y León han rechazado explicar cómo afrontan el nuevo 'curso' en este ámbito.

Las empresas del sector, reunidas en la patronal Acalerte, insisten por boca de su presidente, Diego Juez, en que «no somos centros sanitarios y nos dedicamos a cuidar, no a curar».

La dura prueba de primavera ha dejado sus plantillas al límite. Las nuevas exigencias de pruebas rutinarias PCR a sus trabajadores dificulta aún más mantenerlas. «Necesitamos que se de prioridad en Atención Primaria a los cribados y las PCR -exige Diego Juez-. Los médicos deberían acudir a las residencias lo antes posible ante cualquier indicio».

Según la nueva normativa de la Gerencia de Servicios Sociales un brote en una residencia tiene la graduación más alta: un simple sospechoso ya se considera como brote. «Eso obliga a aislar a sospechosos y profesionales. Una prueba son al menos tres días de espera de resultados ¿cómo cubrimos a ese personal?», cuestiona el portavoz de las residencias privadas.

Temores que llevan a los representantes de estos trabajadores a poner en duda que las nuevas directrices puedan cumplirse. «Los ratios de mínimos que marca la Junta son de máximos para las empresas, la mayoría dedicadas a mercantilizar la atención», advierte Fonsi Bonafonte.

También lo pone en duda el responsable de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Ernesto Angulo, que avisa de que «los planes de contingencia o los protocolos están bien sobre el papel pero no se están aplicando». Denuncia que muchos trabajadores «no reciben información de la obligación de hacerse PCR previos a su regreso». Una situación que los convierte en «bombas de relojería».

Desde Servicios Sociosanitarios del mismo sindicato, su portavoz, Salvador Escribano, se pregunta «¿cómo se van a aplicar los aislamientos preventivos y otras disposiciones en establecimientos en los que los espacios disponibles son los mismos que tenían antes y en los que el 90% de las habitaciones son dobles?».

En lo que no hay dudas ni problemas es en el manejo de equipos de protección. De las bolsas de basura y los guantes caseros, todos los centros consultados, públicos y privados, confirman que tienen acopio de sistemas de protección para entre cuatro y cinco semanas de margen. Una situación muy distinta a hace unos meses cuando «se racaneaba al máximo en equipos y desinfección porque ahí estaba la ganancia», se queja Fonsi Bonafonte.

Pero las nuevas disposiciones de la Junta van mucho más allá. Los planes de choque de cada uno de los 1.200 centros incluyen exigencias como las zonas de observación y vigilancia para aquellos asintomáticos que han podido estar en contacto con un caso positivo. Los gestores destacan estos confinamientos preventivos como una figura clave que marcará el control de posibles brotes. Pero, las reducidas dimensiones de muchos establecimientos «harán muy difícil establecer ese aislamiento de las áreas con posibles covid».

Un temor que genera especial temor entre los trabajadores que «aunque han sufrido contagios que han afectado a más del 20% del total no han tenido reconocimiento como otros profesionales», lamenta Angulo. La atención sociosanitaria está copada por mujeres. Son el 92%. Sus representantes creen que «si fuera un sector de hombres ya habría explotado», avisa Bonafonte. Para ellas se reclaman «planes de apoyo psicológico porque nadie está preparado para otra crisis así».

«Son muchas asignaturas para el nuevo curso en septiembre», resume Ernesto Angulo.

Desde que el coronavirus se cebó con los centros de mayores aumentan las voces que reclaman una revisión para uno de los pocos sectores de la economía que tiene garantizado una gran demanda futura: la atención en la última etapa de la vida. Hay quien ya trabaja en ello. La Diputación de Valladolid ha creado «un equipo externo para que, en los próximos seis meses, analice a ayude a crear la atención del futuro», avanza su diputado de Servicios Sociales, David Esteban. También desde CCOO reclaman «auditorías para saber lo que ha pasado. No tanto para buscar culpables como para mejorar protocolos», pide desde su Federación de Servicios Públicos, Ernesto angulo, que anuncia que «nosotros ya tenemos avanzada la nuestra». Son las inevitables lecciones que deben salir de «un sistema caduco y puesto en jaque por la realidad».