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Un plan de riesgo radiológico guiará las medidas de urgencia en caso de siniestroNo ha ocurrido; pero puede ser muy grave. Y no es solo la Central Nuclear de Garoña o las muchas mercancías de tipo radiológico que recorren las carreteras de la comunidad sino fábricas de uranio, instalaciones nucleares o equipos hospitalarios, entre otras muchas.
Existe un ... importante número de instalaciones o actividades, en las que se manejan, procesan o almacenan sustancias radiactivas, en las que pudieran producirse accidentes que comportaran un riesgo tanto para el personal que trabaja en la instalación como para la población del entorno y el medio ambiente. Y también la posibilidad de sabotaje con la intención de hacer daño.
Por ello, es necesario un plan especial de riesgo radiológico con el que Castilla y León no cuenta aún;pero que está en vísperas de disponer de su proyecto RADIOCyL, para responder a posibles emergencias de este tipo. Es un documento incluido en el catálogo de Protección Civil y que requiere de una metodología técnico y científica propia. Un plan dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que busca reducir el riesgo, mitigar sus consecuencias en origen y disminuir los posible efectos de incidencias ionizantes para la población, los bienes y el medio ambiente.
El proyecto de decreto está actualmente en Gobierno Abierto y hasta el día 5 de agosto se podrán hacer aportaciones; aunque aún no contempla ninguna. Estas situaciones de riesgo pueden provenir de la presencia de fuentes radiactivas peligrosas fuera de control, el uso indebido de material radiactivo en instalaciones nucleares y radiactivas, la exposición o contaminación accidental del público, la sobreexposición o contaminación grave de trabajadores, las amenazas y actos dolosos asociados al uso o tráfico ilícito de material radiactivo y de los accidentes catastróficos que puedan dar lugar a emisiones de material radiactivo al medio ambiente; por ello, «la preparación frente a las emergencias radiológicas entraña una elevada dificultad debido a la gran casuística de situaciones, origen de las mismas, y a la poca experiencia adquirida, por ser los accidentes radiológicos infrecuentes», señala el proyecto.
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El plan de Castilla y León, como los del resto de autonomías, se deriva de la norma básica de Protección Civil, que dispone la elaboración de planes especiales para hacer frente a los riesgos específicos. Además, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico resulta de aplicación en la elaboración, implantación y mantenimiento de los planes especiales de Protección Civil frente a emergencias radiológicas en el ámbito territorial de las comunidades.
El plan también incluye las instalaciones no reguladas se encuentran, entre otras, los aeropuertos, puertos marítimos, aduanas e instalaciones adheridas al protocolo de vigilancia radiológica de materiales metálicos (como por ejemplo las industrias del sector del ciclo de recuperación del metal y las instalaciones de gestión de residuos). Por motivos de seguridad y de confidencialidad, los datos e información relativa a las instalaciones o actividades que pueden dar lugar a situaciones de emergencia por riesgo radiológico en Castilla y León se encuentran recogidos en el Catálogo Nacional de Actividades con Riesgo Radiológico (CNARR)
Las 137 páginas del borrador del decreto establecen los recursos, los intervinientes y cual es su papel desde bomberos, policías sanitarios a las diferentes administraciones. Establecen niveles de gravedad y la planificación en cada caso así como los protocolos, principios generales y estrategias de protección e incluso evacuación y en qué momento crítico debe adoptarse cada una.
El decreto contiene un artículo único que aprueba el Plan Especial que se incorpora como anexo y dos disposiciones finales: la primera habilita el desarrollo reglamentario y la segunda prevé la entrada en vigor del decreto. En el anexo se incorpora el contenido del Plan RADIOCyL, que consta de nueve apartados y tres anexos.
Todas las actividades reguladas de carácter radioactivo se encuentran en el catálogo nacional que gestiona el CSN. Dentro del mismo se cumplen todas las guías técnicas y normas que «incluye la gestión de respuesta de las incidencias derivadas del ATI (Almacén Temporal Individualizado) de la central nuclear de Santa María de Garoña, en fase de desmantelamiento. Actualmente, la gestión de emergencias en la infraestructura burgalesa tiene competencia nacional, pero en una fecha, aún sin determinar, la gestión del ATI pasará a la comunidad.
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