Castilla y León confía en no trasladar a pacientes de UCI fuera y empieza a contener las hospitalizaciones en planta

Asturias, País Vasco y Madrid han contactado con el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para ofrecerse a atender pacientes críticos en sus hospitales si la situación se desborda en Castilla y León. Cantabria lo hizo el miércoles. Verónica Casado, consejera de Sanidad, precisó ayer que confían en no tener que trasladar enfermos, al tiempo que agradeció la disposición de los gobiernos de estas comunidades vecinas. «Es importante saber que nos podemos echar una mano unos a otros», elogió la consejera, que destacó la necesidad de afrontar la pandemia desde la perspectiva de país, de un área estatal, para evitar el colapso de los sistemas sanitarios autonómicos.

La consejera de Sanidad describió la fotografía de situación de un sistema hospitalario autonómico que sigue con una alta saturación, desalojando pacientes no covid para atender positivos y suspendiendo cirugías, porque quirófanos y espacios de reanimación han sido invadidos por puestos para atender a enfermos que requieren cuidados intensivos, pero al que la pandemia empieza a ofrecer cierto respiro.

Cifró los hospitalizados a media mañana de este jueves, 4 de febrero, en 2.189, con 1.871 pacientes en planta y 317 en UCI. Por la tarde, los primeros ascendían a 1.925 y en manos de los intensivistas había 328, según la información oficial de la Junta. Cuando resurgieron los contagios, a finales de diciembre y principios de enero, aún quedaban en las unidades de intensivos 140 contagiados de la segunda ola, la que se originó entre septiembre y noviembre, que no habían recibido el alta. Ese aumento sostenido de los pacientes que requieren mayor atención, los que necesitan terapias de UCI, es lo que más preocupa a los responsables sanitarios. Los 328 actuales eran 160 el pasado 15 de enero. Esa es la velocidad que lleva la ocupación de las UCI.

Verónica Casado sitúa en la jornada del 5 de febrero el pico de hospitalizaciones en planta, aunque la cifra más elevada que recoge la Junta son los 2.096 del lunes 1 de febrero. A lo largo de toda la semana, esa cifra ha ido moderándose hasta esos 1.925 del último recuento.

La situación hospitalaria y la exigencia a la que el coronavirus somete al sistema ha obligado a la consejería a reorganizar espacios y personal. Esto último ha conllevado traslados y conflicto. «Estamos en una situación de pandemia, con una gran sobrecarga y nuestro objetivo es salvar vidas», justificó la consejera. Casado añadió que el escenario de excepcionalidad exige «reordenar toda la organización. Si para eso hay que pedir a alguien que trabaje en otro lugar porque las bolsas (de sustitución) están a cero, lo vamos a seguir haciendo», precisó.

La consejera refirió que buena parte de estos cambios están orientados a garantizar los cuadrantes de las UCI y afectan al personal de enfermería, de manera que se ha trasladado a estos servicios a profesionales que desarrollan su labor en consultas o en planta y se han conformado equipos en los que hay una enfermera formada en terapias de UCI, que ejerce de líder, apoyada por otras de refuerzo que no están habituadas a estas técnicas altamente especializadas.

La responsable de la Sanidad autonómica remarca que «la mayor parte» de esos cambios de puesto son voluntarios y agradece la colaboración que los profesionales brindan por la tarde o los fines de semana para mantener consulta, pruebas o efectuar cribados. «Hay que seguir dando respuesta, cuidando a la gente, salvando vidas», enfatizó.

La presión que la covid-19 imprime a los hospitales es evidente en toda la comunidad, pero se acentúa en los dos grandes centros de Valladolid. La actividad quirúrgica sobrevive al 29,7% en los centros públicos, porcentaje que mejora hasta el 36,3% si se suman las operaciones que se están derivando a los centros privados. Siguen en funcionamiento 50 de los 175 quirófanos de los que disponen los hospitales públicos de Castilla y León, a los que Sacyl ha sumado 11 de clínicas privadas. El Hospital Río Hortega y el Clínico vallisoletano atienden buena parte de las cirugías que no admiten demora con ocho quirófanos de centros privados.

«Da la impresión de que hemos tocado techo», ha añadido la consejera respecto a la incidencia de contagios. Las cifras siguen siendo aún muy elevadas, con una media autonómica que supera los 1.000 contagios por 100.000 habitantes en 14 días. «Lo único bueno es que es una incidencia menor, pero la que nos puede garantizar cierta tranquilidad es la que no supera los 25 casos», ha indicado la Verónica Casado. El índice de reproducción del virus se sitúa en el 0,79. Este indicador alcanza niveles preocupantes disparando contagios, y luego hospitalizaciones en planta, UCI y fallecidos, por efecto dominó, a partir del 1.

Francisco Igea ha puesto en valor el hecho de que Castilla y León sea la comunidad que está a la cabeza en la realización de test por 100.000 habitantes. Algo que la Junta atribuye a la intensificación de los cribados en municipios y los que se realizan en los centros asistenciales y sanitarios. «Hacemos más del doble que en Madrid o Extremadura», ha añadido, lo que implica que la incidencia castellano y leonesa puede tener un efecto amplificado en relación con otras autonomías. Igea ha defendido que el índice de hospitalizados por 100.000 habitantes y de ingresos en UCI, en los que Castilla y León está en el décimo y el sexto lugar de España en esos momentos, reflejan con mayor precisión la evolución de la tercera ola.

La consejera ha precisado que van a valorar la situación de los 53 municipios (entre ellos Palencia) en los que la Junta ha aplicado restricciones extraordinarias. Casado no ha querido avanzar en cuáles se levantarán esas medidas, pero sí ha apuntado que serán «bastantes» y que seguramente se incorporarán a ese grupo «unos pocos». Son localidades que superan una incidencia de 1.500 contagios por 100.000 habitantes en 7 días. Estas restricciones (el comercio está obligado a cerrar a las 6 de la tarde, por ejemplo) han sido criticadas sobre todo por alcaldes de municipios pequeños y medianos que entienden que su utilidad sanitaria es reducida.