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¿Cómo vacunar a cientos de cuidadores de mayores y personas con discapacidad que trabajan en negro? ¿Cómo poner su dosis a cientos de empleados del hogar que atienden a ancianos pero tal peculiaridad laboral no tiene estipulado un contrato en la Seguridad Social?
La campaña de vacunación terminará en los próximos días, pese a los problemas de suministro, su parte fácil. Administrar sus dosis a personas que viven en residencias, a sus trabajadores sociosanitarios y al personal de primera línea de urgencias, centros de salud o UCI era la etapa sencilla. Los grandes retos llegan ahora y el primero es el de incluir a los grandes dependientes.
Sanidad ya ha comenzado a elaborar listas de próximos beneficiarios del proceso de inmunización frente a la covid. Los diversos organismos y centros, y la propia Junta, rematan en estas fechas las listas de los candidatos. Salud Pública ya tenía su estimación, la de 33.662 personas consideradas grandes dependientes no institucionalizados. Con ellos se cerrará la primera fase de la vacunación previsiblemente, es decir, si el suministro lo permite, a finales del mes de marzo. No obstante, Sanidad ya ha vacunado a los dependientes que viven en residencias y a 656 no institucionalizados pero que por situaciones particulares –como el aprovechamiento de dosis al encontrarse en el centro de día– se aprovechó la oportunidad.
Acalerte, la asociación del sector residencial ha solicitado a Sanidad que vacune en estos espacios ambulatorios a los mayores y cuidadores para que resulte más ágil y efectiva la administración al tratarse de grupos. La Junta destaca a este respecto que valorará tal opción cuando comience con este colectivo, algo para lo que aún no pone fecha, sobre todo porque depende de la distribución de unidades.
Para toda la campaña se han creado 54 equipos de enfermeros que, para los dependientes severos, recorrerán cada domicilio para, tal y como indica la estrategia nacional acordada, vacunar a la persona que carece de autonomía y a su cuidador profesional en la misma visita.
Y aquí el reto incorpora aún mayores dificultades. En primer lugar porque el trabajo de atender a un anciano o niño o adulto con una gran discapacidad es la profesión probablemente más remunerada en negro. La economía sumergida hace estragos en este ámbito, los contratos escasean por propio interés de la familia para ahorrarse la Seguridad Social y también del empleado porque así no pierde otras prestaciones como el paro o la renta garantizada de ciudadanía.
A esta dificultad hay que añadir la que para este tipo de trabajo la modalidad que ofrece la propia Seguridad Social para contratar es la de empleada de hogar. No hay otras opciones, con lo cual, no figuran como cuidadores.
En 2019, varias entidades de Valladolid llegaron a un acuerdo, basado en el Real Decreto 1620/2011 de 17 de noviembre, que recoge recomendaciones salariales y condiciones de contratación de personas para el servicio doméstico. Fue suscrito por once ONG y tres administraciones locales (Diputación y los Ayuntamientos de Valladolid y de Laguna de Duero). En él se indican unos salarios para empleadas del hogar y se señala incrementarlos en el 12% cuando «las responsabilidades asumidas excedan las tareas domésticas». Es decir, cuando haya la penosidad de cuidar a un dependiente, pero no son cuidadores.
Una figura reconocida en este sentido es la de asistente personal. Francisco Sardón, presidente de la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif), destaca que «efectivamente hay mucho trabajo en este sector sin contratos y esta es una buena oportunidad para alertar sobre los riesgos que ello supone. Una persona no dada de alta en estos empleos no puede ser vacunada como trabajador sociosanitario, es una irregularidad grave que también puede traer otro tipo de problemas si hay un accidente laboral, un hurto... las familias están indefensas y no suelen ser conscientes de esto». Predif dispone de un servicio de asistencia personal y ha preparado su lista de 45 profesionales a petición de la Consejería de Sanidad para su vacunación en Valladolid.
Castilla y León ya ha puesto 136.385 dosis, de las que 25.041 se han distribuido en la provincia de Valladolid y 21.706, en la de Burgos. En Ávila han sido 9.491 mientras que en León la cifra se eleva a 21.496; en Palencia, a 12.452, y en Salamanca a 20.472. En Segovia se han puesto 67.211 dosis, y en Soria, 7.606.
Por grupos, ya han recibido las dos dosis 45.365 personas: 23.651 institucionalizadas en residencias; 17.583 profesionales sociosanitarios y 463 de centros sanitarios. La primera la han recibido 19.328 trabajadores sanitarios; 45.469 sociosanitarios; 771 trabajadores esenciales y 60.022 residentes, entre otros colectivos.
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