La nueva ley encarecerá las residencias y llega sin especificar ratios de profesionales

La implantación de nuevas y mejores respuestas a las necesidades de los más mayores y personas con discapacidad encarecerá la atención. Y o el usuario responde a un incremento por plaza que el sector valora que pasará de unos 2.000 euros a 3.000 o los centros se quedarán vacíos. Salvo una política de apoyos suficientes al beneficiario; pero también a las residencias para poder adaptarse al modelo.

Y esta es una de las principales críticas del CES en su análisis del Anteproyecto de Ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y de Día de Servicios Sociales que ha diseñado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La mejora de la atención residencial, desde finales de los noventa, ha sido exponencial. Ahora el sector teme que los nuevos pasos, que juzgan no obstante como necesarios, sean inciertos.

El CES cuestiona considerablemente esta normativa que entra ya en su recta final, solo pendiente del Consultivo y debate parlamentario. En anuncio, y compromiso, de la Junta es el de su aprobación a principios de 2023.

El Consejo Económico y Social sí aplaude el principio que lo rige, el de crear un modelo de atención integral y centrado en la persona. Sin embargo, apunta a que «se observa la falta de definición de conceptos y de concreción en muchos aspectos que deja al desarrollo reglamentario, dando lugar a ambigüedades e interpretaciones confusas; lo que genera inseguridad jurídica, en cuestiones como la dotación de profesionales específica de cada centro y las ratios mínimas, el número máximo de personas usuarias asignadas a un gestor de caso, los procedimientos de autorización, inscripción y acreditación de centros y servicios, la cartera de servicios de carácter básico o el plan de contingencias».

Noticias Relacionadas

Siete entidades reclaman incluir en la ley de residencias los cuidados en el hogar

Ana Santiago

El CES recomienda incrementar las plazas de convalecencia hasta las 182

Ana Santiago

Muestra también su preocupación el informe porque, obviamente, las previsiones demográficas apuntan a un mayor envejecimiento y a una prolongación de la esperanza de vida. En el futuro, habrá más mayores y probablemente con más necesidades. Pero, apunta al hecho de que el que haya «una mayor demanda de servicios de atención» no implica que esté «necesariamente orientada en la misma dirección de la actual». La realidad, el pensamiento y las formas de entender ala gestión son cambiantes. Son tantas las necesidades como personas, varían sus características tales como discapacidad, edad, enfermedad mental, pluripatologías, patologías crónicas o dependencia. «Esto hace necesario el diseño de diferentes tipos de servicios y prestaciones: integración social, laboral, atención sanitaria, ocio, psiquiátrica, psicológica..., según cada situación personal». Además recuerda que la ley debe confluir y considerar la Ley de Dependencia en vigor desde 2006.

«Tener en cuenta lo anterior y a la persona considerada individualmente, como eje central, generará modificaciones estructurales, de valoración, dotación, formación y gestión del personal, nuevas maneras de coordinación con otros sistemas de atención y cuidados», recoge.

Asimismo, esta evaluación apuesta por promover los servicios y prestaciones que incrementen el desarrollo y mantenimiento de la autonomía personal y los que buscan prevenir o paliar el deterioro físico y mental de las personas. Y, «en base a evidencias científicas y asesoramiento especializado», la persona tomará las decisiones sobre su proyecto de vida. El informe recomienda avanzar hacia una atención basada en modelos de vida independiente, elegida, «donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir, a continuar viviendo en sus domicilios, si así lo desean». Y esto es algo de lo que adolece la normativa, no considera ni estudia ni apunta a los apoyos para continuar la vida en el propio domicilio. Considera el CES que «es necesario que el apoyo integral y permanente tenga un lugar importante y se desarrolle de forma transversal, incorporando todos los ámbitos y espacios de la vida de la persona».

Asimismo, estima «fundamental la digitalización de los centros». Y reivindica este organismo una vez más «la necesidad de que las redes, equipos y cobertura alcancen a las zonas rurales en las que se encuentran un número muy importante de centros» y considera necesario dar a conocer a todos los agentes implicados en el sistema, el modelo «para que se puedan comprometer con estos cambios en las rutinas diarias».

Además, reclama que de la misma manera que «se pone el énfasis en la dignidad de las personas, debe ponerse en quienes las cuidan y atienden. Los acuerdos del Diálogo Social, estatal y autonómico incluyen la mejora de las condiciones laborales«.

Esta Institución plantea también la necesidad de invertir en formación de todo el personal. Y considera «imprescindible establecer un modelo de coordinación sociosanitaria que garantice la atención integral de las personas en situación de dependencia mediante la continuidad de los diferentes niveles de atención y cuidado que cada ámbito ofrece».

La futura ley pone en manos de los centros de salud la atención sanitaria de los geriátricos y de otros centros y no define claramente qué personal de este tipo deberán tener más allá de un coordinador para el que no aclara la titulación. Son usuarios de la Sanidad Pública; pero lo son de alta frecuentación, polimedicamentados y con gran necesidad de atención también de enfermería. Hay centros de salud en los que podrían recaer, por el acúmulo por ejemplo de tres residencias en el barrio, hasta 600 mayores como ocurre en Valladolid en la zona de Santa Ana que depende del centro de salud de Covaresa; lo que implicaría reforzar una Atención Primaria que ya adolece de falta de recursos.

Noticias Relacionadas

Los datos de la Junta muestran una mortalidad similar en residencias públicas y privadas en la pandemia

Antonio G. Encinas

El 76% de los trabajadores sociosanitarios sufre trastornos musculoesqueléticos

Ana Santiago

El CES apunta en este sentido a que «debe darse previamente un refuerzo y reorganización del sistema público de salud pues, de lo contrario, es fácilmente imaginable que se generen tensiones en el sistema que lleven a un desbordamiento de ese primer nivel y se deterioren o se dificulten seriamente las posibilidades de atención de este sistema». Asimismo, reclama la elaboración de un catálogo de prestaciones que conecte e integre tanto los de Dependencia como los de Sacyl y establecer los correspondientes protocolos de coordinación.

A juicio del CES, hubiera sido necesario un estudio previo en materia de acceso, para no dejar a ninguna zona sin recursos de cuidados de larga duración sin necesidad de abandonar su entorno familiar y de relaciones, aspecto a considerar en el proyecto de vida propio y en la atención a la dignidad de las personas, así como de la máxima de permanecer el mayor tiempo posible en su entorno habitual.

Esta Institución recomienda, asimismo, que se mantenga la orientación de equilibrar el volumen de plazas de atención de cuidados de larga duración de carácter público con las privadas, tal y como se ha recogido en los acuerdos del Diálogo Social.

También recoge que el anteproyecto supone una modificación sustancial del modelo de atención y de las estructuras arquitectónicas, lo que implica un cambio importante en las formas de organización y desarrollo del trabajo, «por lo que será necesario ir evaluando, en el marco del diálogo social, las implicaciones que conlleva la implementación del modelo».

Asimismo, y para evaluar la implementación del modelo, recomienda crear una mesa de seguimiento, dentro del diálogo social.