Los sanitarios no tienen ninguna instrucción sobre el protocolo antiabortista impulsado por la Junta

Lo cierto es que hoy, los médicos de Familia que son los que realmente reciben estas demandas asistenciales, no han sido informados ni por escrito ni verbalmente, ni tienen protocolos nuevos ni instrucciones u órdenes al respecto como cabría esperar si, desde este lunes 16 de enero de 2023 (fecha marcada de entrada en vigor) , el plan anunciado obligara al facultativo a ofertar a la mujer que quiera interrumpir su embarazo tales opciones, que Vox incluye como «provida» y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ya remodeló como «en favor de la natalidad» horas después de su anuncio.

Actualmente, una mujer que quiere abortar a «petición» propia –el 90% de los casos en Castilla y León– y no por razones médicas de riesgos o anomalías, tiene dos opciones. O bien acude a una clínica privada autorizada y acreditada para ello y se lo costea ella misma o pide cita con su médico de Familia. Este facultativo la derivará al trabajador social, donde será informada de recursos, ayudas, sobre el proceso y si lo desea se le derivará también a un psicólogo. Si definitivamente quiere acabar con la gestación se le realizará una ecografía, prueba necesaria de embarazo, para remitirla a un centro -públicos solo hay en Burgos, capital y Miranda- acreditado y concertado para tal fin. El procolo que está en vigor, sin cambios, recoge tres en la comunidad (en León, Salamanca y Valladolid) y puede accederse a los de otras comunidades.«La decisión es de la mujer, nosotros solo seguimos protocolos clínicos en base a evidencias científicas y no entramos en cuestiones ideológicas», precisa un médico de Familia.

Por lo tanto, la inmensa mayoría, 2.339 en 2021 (último balance cerrado) se gestionan en este primer nivel asistencial y por el trabajador social no por profesionales sanitarios. Más raros son los casos que llegan a los ginecólogos porque son solo los que se deciden en base al grave riesgo para la vida de la gestante, por serias anomalías e, incluso, que las hacen incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable en el feto, suponen  258 casos, el 10% del total. Estos son más tardíos, se detectan en una revisión o en la primera ecografía y también se remiten al trabajador social.

La ley en vigor es de 2010 y recoge, además de los medios de interrupción y condiciones como que sea dentro de las primeras 14 semanas de gestación, que el acceso a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) puede hacerse desde cualquier centro sanitario dependiente de Sacyl. En el supuesto de que la interrupción sea a petición de la mujer, al igual que para acceder a otras prestaciones sanitarias, acudirá al centro de salud que le corresponda donde los profesionales de Atención Primaria le facilitarán información sobre el procedimiento a seguir y llevará a cabo las actuaciones pertinentes en cada caso. En primer lugar, solicitarán las pruebas necesarias para confirmar el embarazo y la edad gestacional y, si la mujer decide continuar con la interrupción del embarazo, posteriormente, el trabajador social del centro de salud tramitará la solicitud.

En el supuesto de que la mujer se plantee la interrupción del embarazo por causas médicas detectadas durante su seguimiento, los profesionales que atienden a la paciente le deberán proporcionar la información sobre el procedimiento a seguir y, en su caso, trasladar la solicitud de IVE para su tramitación posterior.

Una vez presentada, se derivará a la mujer a un centro público o concertado para su atención. En este último caso, el centro que tramite la solicitud deberá remitir la documentación a la Gerencia de Salud de Área correspondiente para que autorice el aborto y comunique a la mujer la fecha y hora de la cita para realizar la prestación.

Explican varios ginecólogos de la pública que, el hecho de que figuren la mayoría como objetores, «no se debe en muchos casos a que lo sean por razones éticas o ideológicas, ni siquiera porque el jefe del servicio lo sea y no se quieran contradecir su línea sino porque el primero que acepte realizar una interrupción de la gestación se convierte en el gineólogo para todos los casos de Castilla y Leóbn, se le derivarían todos y nadie quiere dedicarse solo a eso. Hasta ahora el tema estaba bien solucionado, resuelto sin problemas, no entendemos a qué viene todo esto», coinciden en señalar desde la profesión.