Castilla y León

Mes y medio y ninguna reunión para acotar incompatibilidades y dobles sueldos en las Cortes

Mes y medio después no se han reunido sus integrantes, que son el presidente del Parlamento, Carlos Pollán (Vox), y dos de los tres secretarios de la Mesa, la popular Rosa Esteban y el socialista Diego Moreno.

Fuentes del equipo de Pollán señalan genéricamente que ese primer encuentro de trabajo del grupo tendrá lugar cuando llegue a las Cortes de Castilla y León la información que han solicitado a otros parlamentos sobre cómo tienen regulado en esas cámaras legislativas el régimen de incompatibilidades.

«Esta es una fase de recopilación», han indicado al ser consultados sobre si se había reunido un grupo de trabajo que tiene como objetivo que el Parlamento de Castilla y León deje de ser el único de país que mantiene sin regular los posibles conflictos de intereses que pueden surgir entre la labor pública de un parlamentario y sus intereses o trabajos privados.

Esa laguna legal la puso de manifiesto un informe de los letrados a principios de noviembre, pero el runrún venía de más atrás. Concretamente se remontaba, al menos, a primavera de 2021 cuando el PSOE solicitó ese informe que tardó casi tres años y medio en redactarse: hasta noviembre de 2024.

El documento plasmaba que el vacío regulatorio hacía posible que un procurador con dedicación exclusiva como el exportavoz del PP (alrededor de 100.000 euros brutos de retribución al año) hubiera percibido 40.000 euros más anualmente por su labor como abogado. Una situación sostenida en el tiempo (al menos reconocida por el dirigente del PP en tres ejercicios) y desconocida hasta que De la Hoz se vio obligado a hacer públicos sus ingresos para acceder al escaño de eurodiputado en Bruselas.

Un repaso a los reglamentos que pueden consultarse en los portales de los parlamentos autonómicos sitúa a las Cortes de Castilla y León como el único del país con las incompatibilidades sin regular. Así quedó patente en un análisis comparativo que El Norte publicó el mismo mes de noviembre. En la mayor parte de las cámaras es opción del parlamentario dedicarse a tiempo completo y con nómina al escaño.

No es el caso del Parlamento de Castilla y León, que mantiene un régimen en el que solo 25 de 81 procuradores están 'liberados' con sueldo para el trabajo político (la Mesa de las Cortes y los portavoces y miembros de la dirección de los grupos parlamentarios) y el resto vive de su profesión y cobra dietas por asistencia a plenos y comisiones. La diferencia económica entre lo que unos y otros perciben por su labor es grande.

Si el resto de los parlamentos es el espejo en el que buscan mirarse las Cortes de Castilla y León, casi todos optan por una prohibición taxativa de compatibilizar cualquier actividad con la percepción de un sueldo a tiempo completo en la cámara. Baleares, Canarias, Andalucía, Murcia o Castilla La Mancha, por ejemplo, imponen por una fórmula casi idéntica: «La percepción de la retribución por dedicación exclusiva será incompatible con la percepción de otras retribuciones derivadas de cualquier tipo de actividad laboral o profesional, pública o privada». Hay casos en los que se permite la docencia, la creación literaria, científica o artística o la participación en seminarios y congresos o tertulias. Esta última ocupación, en algunos casos, siempre que no sea remunerada.

El informe jurídico que diseccionaba ese vacío legal en la regulación de incompatibilidades lo había solicitado el PSOE en abril de 2021 y, tras ocho reclamaciones por la demora, cristalizó el 7 de noviembre de 2024, llegando a la Mesa en una reunión que celebró el 15 de ese mes.

El documento se presentó con De la Hoz ya fuera de las Cortes y abrió un escenario en el que desde la institución se reconoció oficialmente que no estaban en condiciones de confirmar o descartar que hubiera otros casos de doble retribución entre los procuradores con nómina del parlamento, dado que aunque es obligatorio que los parlamentarios cumplimenten un formulario de declaración bienes y de actividad (y aporten anualmente copia de su Declaración de la Renta), no existe obligación de que la hagan pública. De hecho, en noviembre había once parlamentarios con dedicación exclusiva que mantenían en secreto su declaración de bienes y actividad.

A rebufo de toda esa situación surgió el grupo de trabajo «relativo a las incompatibilidades de los miembros de la Mesa y de aquellos procuradores con dedicación exclusiva», labor que recayó en Pollán, Esteban y Moreno, de los tres partidos representados en el órgano de gobierno de las Cortes y que ocupan la mayor parte del hemiciclo.

El objetivo de su trabajo es dotar al parlamento autonómico de ese régimen de incompatibilidades del que hasta ahora carece y hacerlo mediante una 'instrucción' del presidente, sin abrir una reforma del Reglamento, al considerarse que esta última opción podría ampliarse a otros asuntos y alargarse en el tiempo.

Cuestión aparte es el ritmo que el grupo de trabajo o las formaciones de sus integrantes imprima a un encargo ante el que de partida el grupo popular se ha mostrado más titubeante en declaraciones públicas.