Los 46 municipios de Castilla y León con alto riesgo de incendios intencionados

El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales que acaba de aprobar la Junta de Castilla y León concreta esa cartografía del fuego premeditado que se concentra en el Bierzo; en la serranía abulense; en Zamora, en el límite con Galicia, en la comarca de Sanabria y en Alcañices, municipio situado en la zona de Aliste y fronterizo con Portugal; y en Salamanca, en la serranía de Béjar, que hace linde con Extremadura. Se cuelan en ese mapa coloreado de rojo por el peligro de sufrir incendios intencionados dos municipios salmantinos fuera de áreas montañosas: Salamanca capital y Carbajosa de la Sagrada.

El listado que señala los 46 términos municipales con «riesgo alto por incendios intencionados en monte arbolado» sale del análisis de los fuegos que se han prendido entre 2007 y 2017. «Hay que destacar también la intencionalidad de los incendios que en el último decenio asciende al 55% del total. Destacan por su intencionalidad las provincias de León y Zamora con un 63% y un 72% de incendios forestales intencionados respectivamente en 2022», remarca el documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta.

De ese mapa incendiario se libran cinco provincias sin municipios con «concentración de incendios intencionados dentro de superficies arboladas». Son Burgos, Palencia, Soria, Segovia y Valladolid. Las cuatro primeras tienen amplias extensiones de monte y bosque, en el caso de soriano y segoviano suman, como Valladolid, grandes áreas de pinar. Concretamente un mar de pinares que no sufre esa intencionalidad.

La cartografía del fuego en Castilla y León permite superponer a ese mapa de los 46 municipios con elevado riesgo de incendio intencionado, otros que recogen las áreas de peligro de fuegos por rayos, por líneas eléctricas, por chispas al paso del tren, por actividades agrícolas, como el uso de cosechadoras, o los ligados a los intereses cinegéticos. También las áreas de especial vulnerabilidad en caso de un fuego forestal porque haya poblaciones próximas, por su alto valor natural o por el elevado combustible que presentan. Ese ejercicio de superponer un mapa sobre otro, en función de origen del fuego o la vulnerabilidad del área, arroja que hay zonas en las que se junta una cosa y la otra, sumando riesgos.

Todo ese mapeo –sustentando en el análisis de datos de la investigación sobre cada incendio, desde los puntos de inicio del fuego, a la posible autoría o quién puede obtener un beneficio– sirve para planificar recursos de extinción, establecer «puntos estratégicos de gestión», programar «ataques rápidos» para intentar atajar conatos en zonas considerada potencialmente más críticas por su orografía complicada, el mucho combustible vegetal que 'almacenan' o su alta probabilidad de propagación, según explica José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural de la Junta.

El alto cargo de la consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones destaca el esfuerzo efectuado en estos meses en planificación local, con ayuntamiento y diputaciones, para intentar que los entornos de localidades que pueden verse afectada por la propagación de un fuego forestal estén desbrozados. Es una de las lecciones que dejaron los incendios del verano pasado. Hasta entonces había bastado con el confinamiento de la población en sus casas para «defender» la población. La virulencia de los fuegos de junio, julio y agosto convirtió los desalojos de localidades en algo común.

Entre las novedades del operativo para este año, que la consejería pactó con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE en septiembre, el plan recoge la mejora de los centros de mando, con apertura 24 horas y especialización de personal y la implementación de una plataforma tecnológica para monitorear el fuego con predicción de propagación. También la mejora de las bases de autobombas y la flota de vehículos, además de la ampliación del tiempo de los contratos o un nuevo retén de maquinaria.

El mapa que recoge esos 46 municipios que presentan actualmente alto riesgo de incendios intencionado no es nuevo. Pueden variar los municipios, pero el territorio de la intencionalidad y el fuego como elemento recurrente es un concepto consolidado. La Junta de Castilla y León puso en marcha en 2002 el Plan 42. Estaba Silvia Clemente al frente de la Consejería de Medio Ambiente y la iniciativa planteaba un «programa integral para la prevención de incendios forestales» en las comarcas más afectadas por fuegos intencionados, ubicadas en León, Ávila, Zamora y Burgos. En este último caso, en la zona de las Merindades y Espinosa de los Monteros, que en este momento están fuera de mapa de alto riesgo de intencionalidad.

Aquellos 42 municipios concentraban el 40% de los incendios forestales de Castilla yLeón. La memoria balance que se hizo en 2005 planteaba la necesidad de ofrecer alternativas a una población con «una arraigada tradición de uso del fuego como herramienta de gestión de matorral relacionadas con la ganadería o como 'limpieza' del monte». A eso sumaba la «falta de valor» que los montes de esos 42 municipios (ampliados a 154 en posteriores revisiones) tenían para sus dueños y los vecinos en general.

«En algunos casos de utiliza (el fuego) como herramienta de presión en conflictos personales, sociales o con la administración, como puede ser el caso de las quejas por daños de fauna, protestas contra el acotamiento de la caza... o venganzas personales», refleja la memoria oficial.

La Junta invirtió 26,3 millones entre 2002 y 2005 en refuerzo la selvicultura, desbroces, repoblaciones, cortafuegos y otras infraestructuras en ese territorio, a lo que sumó una parte de «intervención social» con educación ambiental para poner en valor el monte. Desde el «realismo» y poniendo mucha «paciencia» en la empresa. Ese Plan 42 del año 2002 fue Premio Batefuegos 2003.

De vuelta al momento actual, Junta declaró el riesgo medio de peligro de incendios en Castilla yLeón en vísperas de Semana Santa y lo ha ido prorrogando desde entonces. El consejero Suárez-Quiñones resalta, cada vez que aborda el asunto, el refuerzo del operativo de extinción, mientras la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales conminaba el viernes a «la apertura urgente de todos lo puestos de vigilancia». Aducen que con previsiones de 30º para la semana que cierra abril, no es razonable tener a los «vigilantes en el paro, esperando los llamamientos».