Castilla y León
La nueva normativa sobre incendios restringe el uso del fuego y agiliza contratosEl Plan de Prevención para 2023 elaborado por el Gobierno de PP y Vox reconoce expresamente el efecto del «actual contexto de cambio climático»
Castilla y León actualiza la normativa para combatir incendios forestales y lo hace mediante un decreto-ley que la Junta aprobó el jueves, y que se ha publicado en el Boletín Oficial para entrar en vigor este martes. El Decreto-Ley de Medida Urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales profundiza en las restricciones de uso de fuego y modifica la legislación que regula la constitución de las bolsas de empleo «para agilizar la cobertura de personal y medios del operativo de prevención y extinción de incendios forestales».
El sistema actual implica un proceso de 5 meses para poner en marcha esas bolsas de personal. Si hay demoras o se atascan los plazos, esos cinco meses se alargan. El verano pasado, tremendo en fuegos forestales desde que a mediados de junio se prendió la zamorana Sierra de la Culebra, la Junta publicaba días después (el 24) la relación de aspirantes de la bolsa de «escuchas», los que dan la voz de alerta desde la torretas que se alzan en el monte, para la provincia de Burgos. La Consejería de la Presidencia (competente en personal) había convocado el proceso el 17 de enero. La bolsa de Palencia se constituyó el día 28 de junio.
La nueva regulación actualiza la orden autonómica que desde 2013 regulaba el uso del fuego para tratar de evitar y prevenir incendios y modifica algunos artículos de la Ley de Montes de Castilla y León, publicada en 2009, para aplicar prohibiciones y limitaciones en situaciones de riesgo, que se graduan en alerta, alarma y alarma extrema. Actualiza un decreto sobre prevención y extinción de 1985, con un Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAL) aprobado en 2002.
La situación de alerta podrá conllevar la prohibición en encender fuego en el monte y áreas recreativas, la prohibición de usar barbacoas y la suspensión de todas las autorizaciones para quemas y uso de fuego que se hubieran aprobado previamente. La situación de alarma incorpora ya al Decreto-Ley el empleo de ahumadores (se utilizan en colmenas) con horario restringido y la prohibición del uso de maquinaria, tanto en el monte como en franjas de 400 metros alrededor.
Con alarma extrema, los ahumadores estarán totalmente prohibidos y también el tránsito y estancia de personas y vehículos en los montes, salvo propietarios, trabajadores o personal del operativo de extinción. Para meter maquinaria en terrenos forestales para reparar obras públicas, servicios de energía eléctrica, gas o telecomunicaciones será preciso informar a la delegaciones de la Junta.
El Decreto-Ley modifica la regulación de las bolsas de empleo constituyendo una de ámbito autonómico para cada uno de los cuerpos y escalas labores del operativo. «Uno de los mayores problemas radica en la gestión de las bolsas de empleo para incorporar personal temporal, ya que los sistemas de creación y dotación de las bolsas son procesos complejo que imposibilitan abordarlos de forma efectiva en menos de cinto meses», recoge la nueva regulación, que firma el presidente Alfonso Fernández Mañueco y que hace referencia a incendios que generan «situaciones de emergencia de mayor complejidad, como las que desgraciadamente han hecho mella de forma generalizada durante el verano de 2022 en este Comunidad y en otras partes de España». Emplea la expresión de «grandes incendios catastróficos».
Literalmente, por el «cambio climático»
A la vez que el decreto de medidas urgentes, la Junta publica el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2023, que incluye medidas acordadas en septiembre con CC OO, UGT y CEOE para reforzar de forma gradual el operativo, extendiéndolo al invierno, hasta duplicar en 2025 los fondos de 2022. El documento es muy amplio, con alrededor de 240 páginas. Recoge las zonas que más trabajo dan a los brigadistas forestales, concentradas en áreas muy concretas de León, Zamora, Salamanca y Ávila principalmente, identificando «mapas de mayor peligro de incendios».
El plan redactado en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, defiende un operativo «de dimensión variable» en función de las necesidades del momento y con «posibilidades ciertas y ágiles de escalada» para encarar el «actual contexto de cambio climático, con el que asistimos a una alteración de las condiciones ambientales habituales, prolongándose o adelantándose, según los años, las épocas de mayor peligro de incendio. Finalmente, bajo los escenarios de cambio climático actual y futuro, las situaciones límite en forma de episodios extremos que combinan olas de calor de larga duración y vientos muy fuertes en contextos de escasa precipitación, están incrementando su frecuencia y la severidad de sus condiciones».
El Decreto-Ley deberá ser refrendado por las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes. Casi a la vez que salía publicado en el Bocyl, desde Segovia alertaba Esaú Escolar, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), sobre falta de efectivos: «Estamos todos los días con tensión porque no sabemos cuándo se va a producir el gran incendio. La Junta dice que tiene medios, pero tenemos los mismos que el año pasado y se anda tirando de favores».
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