El matiz clave entre la ley de concordia de Castilla y León y la de Aragón

Este lunes se conoció que el Constitucional admitía a trámite el recurso y suspendía cautelarmente la aplicación de la norma aprobada en Aragón. Sin embargo, tiene poco que ver con la situación de Castilla y León porque allí lo que se hizo fue, antes de nada, promulgar una ley que servía para derogar la ley de memoria vigente, de 2018. El texto refrendado por PP y Vox suprimía la norma y «la estructura orgánica específica en la Administración basada en dicha ley».

Incluía también la supresión del censo de memoria democrática, «las rutas de memoria democrática de Aragón, el inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón». También ordenaba eliminar «los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión previstos en la ley». El texto incluía la retirada de la web institucional sobre memoria democrática y el registro de entidades de memoria democrática de Aragón.

Era, por tanto, un borrado integral de todas las actuaciones relativas a la memoria democrática. Algo que de momento no ha ocurrido en Castilla y León. Y eso antes de que hubiera un texto legal que lo sustituyera. Normalmente, al publicar una ley se derogan los artículos o normas anteriores que colisionan con ella. En este caso, el Ejecutivo aragonés optó por demolerlo todo antes de diseñar los planos de la siguiente norma. Y ahí es donde ha intervenido el Constitucional.

En Castilla y León lo que ocurrió es que las Cortes autonómicas registraron el pasado 26 de marzo una proposición de ley de PP y Vox con un articulado diferente al actual decreto de memoria histórica y democrática. Pero ese trámite recién ha comenzado. No ha ido a más, entre campañas electorales y plenos ordinarios. De hecho, al conocer la intención del Gobierno de recurrir al Constitucional, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), lo consideró una intromisión. «El presidente considera que el Ejecutivo está tratando de influir en un procedimiento legislativo en curso», señaló el parlamento autonómico en una nota de prensa. Porque ese es exactamente el punto en el que se encuentra: en curso. Al menos de palabra, porque de obra no se ha dado ni un solo paso más para sacar adelante un texto que se presentó con el compromiso de tenerlo publicado «antes del verano», según explicaron los portavoces Raúl de la Hoz (PP) y Carlos Menéndez (Vox).

Así, en Castilla y León sigue vigente el decreto de Memoria Histórica que se aprobó en el año 2018 con el Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP). Y seguirá mientras no se promulgue la nueva norma que la sustituya. Será en ese momento cuando el Gobierno podrá interponer el recurso que considere necesario ante el Tribunal Constitucional.

Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE, pidió este martes que el Gobierno de Mañueco retire «la ley de la discordia». «El Tribunal Constitucional ha paralizado la tramitación de la ley de la discordia aragonesa. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar. Antes de que suframos una nueva vergüenza como el informe de los relatores de las Naciones Unidas, retire la ley, señor Mañueco. Evítenos pasar esa vergüenza», concluyó Tudanca.