Mañueco reclamará de nuevo a Sánchez la gestión del Ingreso Mínimo Vital

La Junta de Castilla y León reclamó desde el primer momento la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Sin éxito. Ahora la Generalitat de Cataluña ha exigido su traspaso y Pedro Sánchez anunció este miércoles, tras el último Consejo de Gobierno del año, que el Gobierno transferirá la tramitación de esa prestación a las comunidades «de régimen general», que son todas menos el País Vasco y Navarra, que lo pidan.

Alfonso Fernández Mañueco reactivará la petición de gestionar el Ingreso Mínimo Vital desde Castilla y León, «siempre que sea en las mismas condiciones en que lo hace el País Vasco», han confirmado desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tras conocer que Sánchez abre esa puerta. El departamento que dirige la consejera Isabel Blanco sería el responsable de asumir esta prestación que ahora tramita el Ministerio de Seguridad Social y que se configura como una herramienta de lucha contra la pobreza, con una cuantía mensual de 565,37 en hogares de una única personal.

La cantidad es variable y escalonada en función del número de integrantes de la familia: desde 1.074 euros para hogares con dos adultos y dos niños a 1.368 en el caso de una familia monoparental en la que un progenitor se hace cargo de cuatro o más menores. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó en septiembre de que el IMV llegaba a 690.214 hogares en España y un estudio publicado en 2022 por el Consejo Económico y Social de Castilla y León reflejaba que en ese momento había 36.193 beneficiarios en la comunidad.

La aspiración de la Junta a gestionar el Ingreso Mínimo Vital se remonta a la puesta en marcha de la prestación por parte del Gobierno central y una vez que el País Vasco logró tramitarla. El inicio del rodaje no estuvo exento de complicaciones. Administrativamente llegaba a colisionar con la Renta Garantizada de la comunidad, al ser dos prestaciones que perseguían el mismo fin pero con requisitos diferentes en algunos casos, y por las demoras en la resolución de solicitudes. Se trata de prestaciones que pueden llegar a ser complejas de solicitar. El PP hizo bandera de esa «discriminación» y llevó a las Cortes de Castilla y León una iniciativa para que la comunidad rescatase una tramitación «caótica» y «desastrosa» e instar al Gobierno de la nación al traspaso de la gestión, que salió adelante con los votos de los procuradores populares y los de Ciudadanos, entonces socios al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco ha reclamado cada vez que salía a colación este ingreso contra la exclusión la gestión por parte de la Administración autonómica «en plena igualdad con otros territorios». El presidente de Castilla y León esgrime que la experiencia en la articulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la tramitación de esta prestación autonómica contra la pobreza, con una media anual de 15.000 beneficiarios y una dotación acumulada de 550 millones de euros entre 2010 y 2020, garantiza la fiabilidad de la Junta para hacerse cargo del Ingreso Mínimo Vital.

Una de las diferencias entre la prestación estatal y la autonómica es que está última, pulida a lo largo de los años con acuerdos parlamentarios y con sindicatos y patronal, incorpora un itinerario de inserción laboral para incentivar el acceso a un trabajo que permita una autonomía económica para que el beneficiario pueda dejar atrás la Renta Garantizada. Castilla y León siguió abonando esta ayuda a unos 3.000 usuarios que percibían la prestación y que no iban a poder acceder al Ingreso Mínimo Vital estatal por incumplir alguno de los requisitos que sí amparaba la Junta. También ha complementado cuantías en los casos de beneficiarios que vieron recortada la cantidad que recibían al pasar de la prestación autonómica a la estatal.

La cohabitación de los dos apoyos que persiguen la misma finalidad y están orientados personas y familias en situación de vulnerabilidad social y económica, pero gestionados por dos administraciones diferentes y con requisitos que difieren complica los trámites de solicitud para quienes tienen que recurrir a estas ayudas.