Castilla y León

La red de ayudas asistenciales ampara a 90.000 personas

Tan notable aumento se debe casi en exclusiva a la extensión de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que llega a bastantes más personas de las que perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la Junta de Castilla y León, ayuda con la que es incompatible. En su presentación en junio de 2020, el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cifraba en 2,3 millones de personas los potenciales beneficiarios en toda España, repartidos en 831.000 hogares. Los registros difundidos el pasado 30 de noviembre cuantifican los perceptores en 717.842 personas y 2,1 millones de hogares.

Cuando arrancó el IMV, cobraban la RGC una media de 15.000 familias castellanas y leonesas cada año, una cifra que se mantuvo en 2021 aunque con una aportación económica menor por parte de la Junta: de más de 50 millones se pasó a 26. En la actualidad, el IMV cuenta en la región con casi 32.000 expedientes aprobados y más de 92.000 beneficiarios.

Mientras tanto, los perceptores de ayudas como el subsidio de paro, la renta activa de inserción o las pensiones no contributivas registran pequeños descensos con respecto a las cifras de 2019.

Quienes han agotado la prestación contributiva y tienen responsabilidades familiares o no las tienen pero son mayores de 45 años tienen derecho a percibir el subsidio de paro durante un periodo de seis a treinta meses, según su perfil. Para los mayores de 55 años, esta ayuda puede prolongarse hasta la jubilación. Su cuantía es el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir 480 euros.

El pasado octubre percibieron el subsidio 32.088 personas en Castilla y León, de las 787.000 que lo cobraron en España. Suponen casi la misma cifra que en 2019, en concreto cuatrocientos menos que la media de aquel año.

Reciben este subsidio 6.800 leoneses, 5.700 vallisoletanos y 5.100 salmantinos, que suman más de la mitad de los beneficiarios en la región. Para acceder a esta ayuda es preciso haber trabajado y cotizado por desempleo durante al menos tres meses y no pueden solicitarlo quienes perciban rentas u otros ingresos brutos superiores al 75% del salario mínimo excluida la parte proporcional a las dos pagas extras.

La ministra de Trabajo se ha fijado como prioridad reformar este subsidio para que, por un lado llegue también a los menores de 45 sin cargas familiares y, por otro, incentive la búsqueda de empleo; unos cambios que afectarían también a la Renta Activa de Inserción, que solo exige estar desempleado e inscrito como demandante de empleo.

Han cobrado la RAI en la comunidad una media de 3.616 personas cada mes entre enero y octubre. Se percibe cuando se ha agotado el subsidio de paro, es decir, debe quedar acreditado que se tienen especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral. Solo se puede cobrar una vez y se concede durante once meses como máximo. Su cuantía mensual es también de 480 euros.

Mientras Castilla y León registra el 4,1% del total de parados de España, los que cobran el subsidio de paro suponen el 4% y los perceptores de la RAI son el 3,8%, lo que apuntaría a la existencia de menores dificultades para volver a encontrar trabajo que en el conjunto del país.

La RAI es incompatible con cualquier otra ayuda asistencial pero no con las que se puedan percibir por la participación en algún curso de formación o con algún trabajo remunerado a tiempo parcial, en cuyo caso la cuantía se reduce. También, como en el caso del subsidio, tiene mayor presencia en León, Valladolid y Salamanca, por este orden, que sumados suponen casi el 60% de los perceptores de la comunidad.

Prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o en familia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas, el IMV funciona, según su definición «como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación en la sociedad» y, en teoría, también contiene «en su diseño incentivos al empleo».

El IMV se cobra «mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos» y es incompatible con cualquier otra ayuda o pensión asistencial. De los 31.966 perceptores de este ingreso a noviembre de 2023 en la región, 20.261 son mujeres y 11.705, hombres. Viven en hogares donde conviven en total 92.695 personas, de las que 40.227 son menores de edad.

El tipo de hogar más numeroso es de dos adultos y dos menores (5.335), seguido de dos adultos y un menor (3.853) y dos adultos y más de dos menores (3.533). Una vez más es León, con 7.065 hogares beneficiarios, la provincia de la comunidad con más incidencia de esta ayuda, que llega a 6.406 unidades de convivencia en Valladolid y 5.089 en Salamanca. En número de beneficiarios, sin embargo, Valladolid adelanta a León con 18.950, frente a 18.875.

La cuantía del IMV es variable según las características del individuo y su hogar. Parte de una base de 565,37 euros, que se incrementa en 124,38 euros para quienes tienen un grado de discapacidad del 65%. A continuación se va incrementando según el número de convivientes, hasta un máximo de 1.368,21 euros para una familia monoparental de un adulto y cuatro o más hijos. Esta cuantía también se complementa si hay discapacitados o si los hijos son menores (hasta 115 euros si son de menos de tres años).

La pensión no contributiva de jubilación está destinada a los mayores de 65 años que no han cotizado o lo han hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva. Va acompañada de asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios y está condicionada a la carencia de rentas o ingresos superiores a 6.784,54 euros anuales.

La cuantía individual de esta pensión se establece en función del número de beneficiarios integrados en la misma familia y, según las estadísticas del Imserso, es de una media de 480 euros al mes este año. En noviembre la percibieron 12.959 castellanos y leoneses, con un número casi idéntico de vallisoletanos, leoneses y salmantinos. Se trata de una prestación, además, cuya cifra de beneficiarios prácticamente no varía de un año a otro: en 2019 llegó a 12.395 personas.

Existe también una pensión no contributiva para las personas con invalidez, que cobraron el mes pasado 8.554 ciudadanos de la región. Sus características son similares a las de la anterior, pero va destinada a las personas con una discapacidad igual o superior al 65%. La cuantía media el pasado noviembre fue de 534 euros.