Los logopedas reclaman de nuevo a Sanidad una «decisión» sobre la contratación de profesionales

En dicha determinación, el Procurador concluye que los órganos competentes de la Junta de Castilla y León, principalmente el área que dirige Alejandro Vázquez, ha de «incorporar, al menos de forma progresiva, logopedas en el Sistema de Salud de Castilla y León, tanto a nivel de Atención Primaria como de Atención Especializada, mediante la creación de más plazas de logopedas en los centros hospitalarios y la incorporación de los profesionales en los centros de salud».

Sin embargo, en la comunicación, el Colegio Profesional asegura que, pese a las «reiteradas» solicitudes para conocer la «postura» de la administración regional en este sentido, «seguimos sin conocerlo». «En un escrito del 30 de abril de 2023 se solicitaba que se nos comunicara -por parte de Sanidad- la aceptación o no aceptación de la misma. Esa petición fue reiterada el 5 de agosto. Por ello, dirigimos un nuevo escrito solicitando a la Consejería que nos comunique una decisión al respecto», reza el documento.

La resolución de Tomás Quintana de requerir a Sanidad que mejore la prestación del servicio de logopedia en el sistema público radica, fundamentalmente, en la ratio de profesionales por habitante en la región, que se sitúa en 0,64 por cada 100.000 habitantes, ya que la plantilla orgánica de Sacyl está formada por 18 trabajadores. En este sentido, cabe destacar que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta ratio en España es de 19,12 logopedas por cada 100.000 habitantes.

Además, incide el Procurador en la «llamativa falta de presencia de este profesional sanitario en la cartera de especialistas del servicio de salud de Castilla y León». «Este hecho, entendemos, supone que la atención a los pacientes que puedan necesitar sus servicios se vean mermadas y lastra sus beneficios en los pacientes afectados, que en muchos casos se verán obligados a recurrir al sector privado», añade.

Por último, hace hincapié en las «evidentes consecuencias» de esta ratio baja: «dificultades para acceder a la atención logopédica, retrasos en la recuperación de las patologías, listas de espera prolongadas y una sobrecarga de trabajo para los logopedas que prestan sus servicios». «Debemos poner de manifiesto que no contar con logopedas en un número suficiente perjudica a la población castellano y leonesa al no prestarse en las condiciones adecuadas un servicio que los ciudadanos necesitan, teniendo en cuenta además que en la aparición de determinadas patologías la rehabilitación logopédica debe valorarse como prioritaria para lograr la recuperación del paciente», remarca el informe emitido entonces por el Procurador del Común.