La Junta respalda al personal de Menores ante la condena: «Su trabajo no es fácil»

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«Tenemos la mejor de las impresiones de los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección de menores en Castilla y León y además estamos muy orgullosos de su trabajo. No es un trabajo sencillo ni fácil, porque toman decisiones en las que entran en conflicto elementos muy sensibles», remarcó el portavoz de la Junta, que insistió en que entre el «interés del menor y el interés de los padres, nosotros siempre actuamos en el interés del menor».

El consejero precisó que desde la Junta van a analizar la sentencia por si se ve necesario ajustar los protocolos de actuación. No descartó un posible recurso. «Siempre es más sencillo, lógicamente, valorar los hechos una vez que ha pasado el tiempo», ha justificado Fernández Carriedo sobre el caso concreto de Ávila por el que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia condenan a la Junta. «También hemos tenido circunstancias a la inversa, donde se pone en entredicho si actuar en favor del menor o de los padres, y hemos actuado en favor del menor y al final algunos padres, que son una minoría, suponían un riesgo y fue una actuación adecuada por parte de los profesionales esa retirada de la custodia»,

La madres y las dos adolescentes participaban en un programa de intervención familiar para mejorar la convivencia en el hogar. Fue la progenitora, tras el incidente con el móvil, la que invitó a sus hijas a que contaran lo que había pasado a la profesional que trabajaba con la familia, con el objetivo de abordar la situación y ofreciera herramientas para evitar episodios similares. Lo que ocurrió fue que se interrumpió el programa de intervención y tres meses después personal de la Consejería de Familia y agentes de la Guardia Civil se llevaron a las niñas a un centro de menores. Tenían entonces 12 años.

Según la sentencia del TSJ, esta decisión de la Consejería se tomó sin que conste «ninguna audiencia con la madre, ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores». Los magistrados consideran que la actuación de la Administración fue «precipitada y desproporcionada». La Fiscalía compartía ese criterio. Su representante defendió que «no existía ni un solo dato de desprotección, que la Administración había actuado con una desproporción abismal».

En todo caso, Carlos Fernández Carriedo abundó en que «son medidas que se toman en el momento y no siempre judicialmente y con el paso del tiempo se valoran con el mismo nivel de detalle del momento en el que se toman».