La Junta no pondrá dinero para repescar a excluidos del bono alquiler de Sánchez

El Gobierno asignó a la comunidad 21,6 millones de euros para respaldar económicamente un bono que se adjudicó por orden del presentación y que contempla hasta 250 euros mensuales durante dos años, lo que sitúa la ayuda por beneficiario en el entorno de los 6.000 euros. Concretamente, los 3.827 afortunados afincados en la comunidad que primero presentaron correctamente su solicitud cobrarán una media de 5.634 euros.

De los 12.255 descartados, hay una bolsa de casi 3.000 que firman una solicitud incompleta o que incumplen algún requisito y alrededor de 9.000 que hubieran cobrado el bono de alquiler si el dinero no se hubiera acabado. El plazo de presentación se abrió el 1 de septiembre y el 21 se terminó el presupuesto.

Los procuradores de PP y de Vox votaron este miércoles contra una iniciativa del PSOE que reclamaba al Ejecutivo de coalición presidido por Alfonso Fernández Mañueco «habilitar la inmediata consignación presupuestaria complementaria necesaria para garantizar» que todos aquellos que cumplan los requisitos en la comunidad cobren el bono «impulsado por el Gobierno de España».

La Junta mantiene la posición que ha trasladado formalmente a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: la medida es estatal, diseñada unilateralmente por el Gobierno, que además 'cargó' con la tramitación a las comunidades autónomas, y la falta de dotación presupuestaria debe asumirla Pedro Sánchez. Hacen falta 50 millones, que es lo que la comunidad ha reclamado por carta al Ejecutivo de la nación.

El popular David Fernández esgrimió que los socialistas pretendían aplicar un 'yo invito y tú pagas', ejerciendo la Junta de pagana de una medida con la que Sánchez se ha estado colgando «medallas». El parlamentario leonés del PP acusó a los procuradores socialista de ser unos «jetas» y actuar de «mala fe» al pedir a la Junta que apoquine fondos.

Desde la bancada de la oposición, Miguel Hernández Alcojor, defendió la posición del PSOE sustituyendo el 'yo invito y tú pagas' del argumento popular por el refrán que reza 'a caballo regalado no le mires el diente', subrayando que es la Junta la competente en esas políticas de Vivienda y que los fondos del Gobierno son «adicionales». Hernández Alcojor recordó que comunidades como La Rioja, Extremadura o Valencia aportarán dinero para repescar solicitantes afectados por el agotamiento del crédito estatal. Todas ellas tienen presidente socialista. «¿Por qué no lo hacen ustedes?», retó el procurador del PSOE.

La iniciativa contó con el apoyo de todas las formaciones que se sientan en la oposición parlamentaria, con matices en la argumentación. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, cargó las tintas en la tramitación de la Junta, mientras Francisco Igea, de Cs, apuntó al mal diseño de partida de la medida estatal. Desde el grupo UPL-Soria ¡Ya! reclamaron a PP y Vox que antepusieran el apoyo a los jóvenes que habían quedado orillados del bono estatal a la crítica política.

Este último fue un debate correoso. El vicepresidente Juan García-Gallardo consideró que el «terrorismo (de ETA) sigue vivo» y desde el PSOE, Patricia Gómez, se limitó a citar a Consuelo Ordóñez, hermana del popular Gregorio Ordóñez, asesinado por terroristas etarras, que ha reclamado a PP y a Vox que dejen a las víctimas «en paz». Desde la bancada de Vox se reclamó la intervención del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, después de que Pablo Fernández asegurara que ETA desapareció hace una década, que se hacía un uso «execrable» de las víctimas para intentar «arañar un puñado de votos» y que «pareciera» que los integrantes de la formación ultraconservadora «desearan que ETA volviera a matar». El de Podemos declinó retirarlo.

Pollán había ordenado antes eliminar la expresión «pandilla de sinvergüenzas» que el salmantino Fernando Pablos (PSOE) dedicó a los procuradores de PP y Vox al avanzar estos que no iban a apoyar la moción que defendía para que la Junta cumpliera los compromisos de financiación con el Centro del Cáncer de Salamanca.

Finalmente, en la votación de la proposición sobre terrorismo, de los cuatro puntos de la iniciativa, los procuradores de Vox se quedaron solos en uno. El PP se desmarcó en el que exigía una consulta a los españoles sobre la ilegalización de los partidos políticos independentistas. Salieron adelante los tres restantes que reclaman cambios en el Código Penal para que los crímenes terroristas se consideren «de lesa humanidad», para actualizar la investigación sobre los 379 asesinatos aún sin resolver y para reforzar la memoria y la atención a las víctimas.

PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de todos. Por Ávila y Cs a favor y UPL y Soria ¡YA! se sumaron a dos de ellos y se abstuvieron en el de la modificación de la tipificación penal. La soriana Vanessa García Macarrón hizo hincapié en que se hacía política con un tema «delicado y grave» que sobrepasaba el ámbito autonómico y cuyo debate en las Cortes 'aparcaba' otros que sí competen a los procuradores como los relacionados con los servicios que reciben los ciudadanos de Castilla y León o la despoblación.