El bono de alquiler joven o cómo pifiarla

En 21 días se acabó la pasta consignada. La masa llegó para repartir bollos a 3.827 afortunados de los 16.082 que esperaban hincar el diente al bono de alquiler. 12.255 solicitudes orilladas, de las que aproximadamente unas 9.000 cumplen los requisitos y habrían ingresado esa ayuda de haber habido crédito suficiente. La Junta reclama al Gobierno 50 millones para atender a los jóvenes excluidos. Y en La Moncloa juegan a desviar el tiro. El último, el ministro Bolaños, que el domingo en Soria replicó que ponga el dinero Mañueco «si no le parece suficiente».

De la falta de respaldo presupuestario hay que hacer responsable a quien ideó la iniciativa, la publicitó, fijó los requisitos y animó a un batallón de jóvenes que se han quedado sin ella (3 de cada 4 en el caso de Castilla y León) a solicitarla, a sabiendas de lo que iba a dar de sí el dinero.

«Porque nuestra razón eres tú, el Plan aprobado por el Gobierno establece nuevas medidas para facilitarte el acceso a una vivienda», puede leerse en la página web el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el espacio que dedica al bono joven de alquiler. «Para que así puedas cumplir por fin tu deseo de emanciparte … y el de tus padres. Solicita el bono joven, 250 euros al mes», añaden. La ayuda abarca automáticamente dos años, por lo que cada perceptor puede cobrar hasta 6.000 euros para mitigar el esfuerzo de pagar el alquiler en 2022 y 2023.

Dicho y hecho, en Castilla y León se animaron a solicitarlo 16.082 menores de 36 años que viven alquilados solos o compartiendo piso. Pero se sabía desde el principio que, con 21,6 millones y ayudas en el entorno de los 6.000 euros, la partida alcanzaba para poco más de 3.000 bonos. ¿Qué habría hecho falta para evitar decepciones? Pues aumentar el presupuesto o rebajar las expectativas, aminorando la cuantía de 250 euros mensuales, recortando tiempo de esos dos años planteados o siendo más exigente con el límite de ingresos, establecido en 24.318 euros anuales, para intentar dejar en la estacada a los menos solicitantes posibles. Esto último habría aportado realismo, pero restado lucimiento político.

A la falta de fondos se añade la decisión de articular el bono como una ayuda directa. Así, el criterio de adjudicación ha sido el orden cronológico de presentación. Han pillado los más avispados, de manera que un aspirante que presentó los papeles el 1 de septiembre con 24.318 euros de ingresos anuales cobrará la ayuda y otro con 12.000 euros de renta que lo solicitó el 22 de septiembre se queda sin bono. Esa es la injusticia que entraña el criterio de atender por orden de presentación. A la Junta le pasó en la pandemia con la ayuda para los trabajadores en ERTE y el Procurador del Común dio al Gobierno autonómico, entonces de PP y Cs (con los naranjas al mando de la Consejería de Industria), un tirón de orejas por primar más la velocidad del solicitante que la necesidad económica.

Y ahora firma la pifia Pedro Sánchez, con un bono de nuevo cuño programado en año con urnas. En Castilla y León habrá 3.827 posibles electores felices de recibir una ayuda que se sitúa de media en 5.643 euros. Pero los 12.255 que han dejado en la estacada contentos no van a estar. Y con razón.

Es la historia de una medida estrella convertida en un quiero y no puedo.