La Junta inicia trabajos para contratar 1.469 millones de deuda que necesita en 2023

La deuda se convierte, con la gestión de ese montante de algo más 1.469 millones de euros consignado en las cuentas autonómicas para 2023 en la tercera 'consejería' para un presupuesto que destinará a Sanidad 4.753.2 millones de euros y a Educación 2.615. Después figura la Deuda, por delante de Familia e Igualdad, departamento dotado con 1.263 millones de euros.

La Consejería de Economía y Hacienda está ya metida en faena para hacer ese acopio de ingresos procedentes de endeudamiento. El escenario de trabajo establece en 1.464,6 millones (casi el total de lo previsto) el montante máximo que podrá contratar el equipo del consejero Carlos Fernández Carriedo en «operaciones de endeudamiento a largo plazo», a través de «bonos u obligaciones». Ese plazo es muy amplio. Lo fija una Orden de la Consejería en hasta 50 años desde la fecha de emisión.

«Estas emisiones gozarán de los mismo beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado», recoge ese documento, para unas operaciones en las que el Banco de España será el agente de pagos. La Junta establece un abanico de fórmulas para meter ese dinero en la caja autonómica que van desde la subasta competitiva, a la emisión pública asegurada o no asegurada, la colocación privada o cualquier otra modalidad «disponible en el mercado».

Los 1.464,6 millones de euros sobre los que se pueden aplicar las condiciones de emisión de deuda para 2023 conforman casi la totalidad de ese endeudamiento previsto en el primer presupuesto de la coalición de 1.469,3 millones de euros. De ese montante, 1.223 millones irá destinado a afrontar amortizaciones.

La deuda viva de la comunidad ascendía a 13.051 millones de euros al final del tercer trimestre de 2022, de acuerdo con la estadística que el Banco de España publicó en diciembre (último dato actualizado), lo que equivale al 20,4 % del Producto Interior Bruto (PIB). Esta ratio es inferior en casi 4 puntos a la media autonómica, que se sitúa en el 24,3 % del PIB nacional. La clasificación autonómica de endeudamiento sitúa a Castilla y León en el centro de la tabla, en el octavo lugar. Presentan una situación más saneada Canarias, Madrid, Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia y La Rioja.

El escenario financiero en el que se han confeccionado las cuentas que gestionará el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco y vicepreside Juan García-Gallardo agota las posibilidades que ofrece el déficit público con el que se podrán cerrar las cuentas (el -0,6% del PIB), desfase cifrado en 205,12 millones de euros y mantiene la deuda viva por debajo del 21% del PIB.

El presupuesto autonómico reserva una partida de 252,6 millones para hacer frente al pago de los intereses que genera esa deuda. 692.000 euros saldrán cada día de 2023 de la caja autonómica para pagar a entidades financieras los réditos del dinero que han prestado a la Junta.

Carlos Fernández Carriedo destacó tras la presentación del presupuesto que el alza de los tipos de interés tendrá una repercusión más suave en la Junta de Castilla y León que en otras administraciones dado el peso predominante de las operaciones a tipo fijo en la cartera autonómica, en torno al 82%. Ese reparto entre fijo y variable permite mitigar el encarecimiento de los préstamos suscritos que provoca la subida del euríbor.

El 95,7 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración general, frente al 4,3 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

La deuda viva de Castilla y León supone el 4,1 % del total de las comunidades autónomas. El sumatorio deudor de todos los gobiernos autonómicos suma 314.845 millones de euros.