Cinco claves políticas del presupuesto de Mañueco y Gallardo, primero de PP y Vox

Contar con un presupuesto efectivo para encarar 2023 en la Junta de Castilla y León va más allá de las partidas económicas y las medidas tributarias para un año concreto. Esas cuentas se convertirán en un comodín para Alfonso Fernández Mañueco. Fortalecerán la posición del PP en la sociedad limitada que ha suscrito a nivel autonómico con Vox y debilitarán la del socio minoritario si se produce un escenario de turbulencias políticas autonómicas en forma de futuros desencuentros en la coalición, de un futurible gobierno en solitario de los populares con apoyos puntuales de las fuerzas localistas que se sientan en el hemiciclo (Soria ¡Ya!, UPL y Por Ávila) y dando por sentado que Vox no podría sumar estrategias de veto en el hemiciclo con el PSOE de Tudanca, o de un anticipo electoral. Aprobar este presupuesto otorga una herramienta de uso en el medio plazo para la gestión cotidiana de la Junta utilizando el comodín de las prórrogas. El último que dejó Juan Vicente Herrera, en 2018, sirvió para tirar hasta enero de 2021.

Populares y ultraconservadores abren camino en Castilla y León y el proyecto de presupuestos autonómicos para 2023 supone un impulso al asfaltado de ese camino, con unas elecciones municipales en el horizonte de mayo, que también son autonómicas en varias comunidades y con unas generales que vendrán después. Quien más se encargó de destacarlo en la presentación de las cuentas fue Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta y hombre de Santiago Abascal en la comunidad. Optó en esta ocasión por ponerse el traje del «pragmatismo» y rehuyó la confrontación ideológica. Definió las cuentas como fruto de la labor de «dos socios que cooperan y trabajan juntos», con medidas de las que «los únicos beneficiarios son los castellanos y leoneses y, en última instancia, los españoles».

Dejó una conclusión: «Más allá del ruido que a veces se quiere proyectar (los presupuestos de Castilla y León) van a ser la carta de presentación a partir de ahora de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos y cuando cooperamos hombro con hombro». A su lado escuchaba Alfonso Fernández Mañueco esta argumentación que puede leerse en clave de política nacional, con Abascal como socio natural del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo comparecían este jueves ante los medio de comunicación para presentar el proyecto de presupuestos para 2023. La imagen era una 'copia' de otra de hace un año en la que Alfonso Fernández Mañueco presentaba el proyecto de cuentas autonómicas para el año 2022 con Francisco Igea, entonces su vicepresidente, el 28 de octubre de 2021. El mensaje era idéntico: son los presupuestos que necesita Castilla y León, elaborados por un único gobierno fuerte y unido. «Si algo realza la estabilidad de un Gobierno, la fortaleza de un Gobierno es el proyecto de presupuestos», remarcó el popular entonces, junto a Francisco Igea. «Hay fortaleza, unidad, estabilidad», insistió sobre la coalición con Cs, que saltaría por los aires menos de dos meses después, el 20 de diciembre, cuando Mañueco cesó a Igea y a los consejeros naranjas y anunció a través de Twitter que disolvía las Cortes y anticipaba las elecciones autonómicas. Ese presupuesto se quedó en puertas de ser votado y buena parte de las medidas fiscales, anunciadas hace un año, esperan ahora su debate en las Cortes. El presidente de la Junta fue preguntado el jueves por qué la foto de este año no va a acabar como la del año pasado. La asociación de imágenes no gustó a Mañueco, que respondió que quien podía dar cuenta de ello no estaba en la sala, en referencia a Francisco Igea.

Del proyecto de presupuestos de PP y Vox se ha caído cualquier referencia a la Agenda 2030, documento que hilvanaba el proyecto de cuentas que PP y Cs presentaron hace un año. Más allá del concepto, los objetivos medioambientales, educativos y de lucha contra la pobreza que incluye ese documento contra el que arremete Vox marcan los criterios para recibir una parte importante de los fondos europeos. Alfonso Fernández Mañueco intentó el jueves liquidar cualquier polémica. Sobre la ausencia del logo de la Agenda 2030 en las cuentas, afirmó que no era él quien diseñaba la portada del presupuesto, «como se pueden imaginar, ni el año pasado ni este». Sobre los objetivos en sí, «todos estamos a favor de la educación... el abastecimiento de agua, la lucha contra la pobreza... Los objetivos en sí mismos, los compartimos todos«, precisó el dirigente del PP.

García-Gallardo destacó de las cuentas de la coalición que recogen una partida de 500.000 euros para combatir la violencia intrafamiliar, concepto que Vox contrapone al de violencia de género, y durante la presentación se obvió el cambio climático, pese que el vicepresidente sí habló de la sequía y destacó en concreto una partida para promover el abastecimiento de agua a ganaderías extensivas ante situaciones «como las que hemos vivido y como los que de manera posible viviremos en el futuro próximo». Sin poner nombre al origen de esas 'situaciones'.

Los presupuestos autonómicos están sirviendo a PP y a Vox para hacer oposición al Gobierno central. Han echado mano como aperitivo de los presupuestos generales del Estado y el recorte para el próximo año de más del 4% en la cuantía de inversiones del Gobierno en Castilla y León, única comunidad junto con Murcia en la que baja ese capítulo en unas cuentas expansivas. Esa crítica política sobre las inversiones del Estado ha tenido su continuidad en el presupuesto autonómico. Esta vez, por omisión. El de Castilla y León recoge un récord de ingresos que los responsables de la Junta achacan en exclusiva al aumento de los fondos europeos, que alcanzan los 1.985 millones de euros, creciendo un 62%. No hicieron alusión alguna a los ingresos del modelo de financiación que entrega a cuenta el Ministerio de Hacienda. Serán 8.136 millones de euros y crecen un 20,38% respecto a 2021, último presupuesto aprobado en Castilla y León. Sí criticaron que bajen las transferencias directas del Estado, que habían aumentado en años anteriores por el Fondo Covid que el Gobierno central aprobó para la ayudar a las autonomías a pagar el sobregasto que provocaba la pandemia en hospitales, escuelas, residencias... En 2023, desaparece.