La Junta pagará 692.000 euros cada día de 2023 en intereses de su deuda

Comparar ese abono diario con otras partidas del presupuesto de la comunidad permite contextualizar lo que supone en esfuerzo financiero. Esos 692.000 euros/día en abono de intereses de la deuda permitirían acometer la renovación del sistema de climatización de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, valorado en 1,1 millones, en 'menos' de dos jornadas; o pagar en 24 horas toda la anualidad contemplada en 2023 para iniciar la modernización del regadío de Otero de Losa, en Burgos, para el que las cuentas reservan 636.000 euros; o casi finalizar la modernización del regadío de los sectores cuarto y sexto del Canal del Páramo, para el que se asignan el próximo año los últimos 721.239 euros de un presupuesto total de casi 9,4 millones; o acometer con lo que suponen día y medio de intereses la adecuación de las viviendas de los camineros de Medina de Rioseco, para las que el presupuesto consigna 959.307 euros; o pagar con una sola jornada –y sobraría– los 559.794 euros reservados el próximo año para finalizar la obra de la depuradora de Torre del Bierzo, en León, en la que se van a invertir 1,3 millones de euros.

La deuda es una vía habitual de ingresos para las administraciones pero no sale gratis. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y responsable de cuadrar las cuentas de la Junta, destaca la labor desarrollada desde la consejería en renegociaciones de deuda durante los últimos años, reconduciendo operaciones de tipo de interés variable a tipo de interés fijo. «Ese trabajo hace que ahora estemos en mejor situación que otras comunidades para abordar el reto de un escenario de subida de tipos de interés que afecta a todos, a familias, empresas y administraciones», remarca.

Castilla y León mantenía a finales de septiembre operaciones vivas de emisiones de deuda y créditos que sumaban 13.124 millones de euros, según la estadística oficial del Banco de España. El nivel de presión que la deuda mete a una autonomía se mide en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) de esa comunidad. En Castilla y León la deuda supone el 20,9% de su PIB, cuatro puntos mejor que la media autonómica española, que se eleva hasta el 24,9% del PIB.

Ese dato cuantitativo aleja a la comunidad de los apuros que pasan las administraciones más endeudadas, a lo que hay que añadir una perspectiva cualitativa como es el hecho de que Castilla y León tenga en este momento a tipo de interés fijo el 83% de su deuda. «Tuvimos esa prudencia en los últimos años», precisa el consejero de Economía y Hacienda.

Esa decisión hace que la tensión que imprime a la gestión de la cartera de deuda el alza de los tipos de dinero sea más liviana, porque solamente afecta al 17% de la deuda, unos 1.600 millones de euros. Aún así, desde la Dirección General del Tesoro de Castilla y León, departamento responsable del manejo de créditos, préstamos y emisiones de deuda de la consejería, estiman que el alza de tipo pondrán pagar en 2023 otros 32 millones más en concepto de intereses por esos 1.600 millones de euros. Ese es el impacto del encarecimiento del precio del dinero sobre el coste de la deuda de la Junta actual, pero también supondrá pagar más por las operaciones que se van a contratar en los próximos meses porque los tipos han subido.

La Junta de Castilla y León ha cerrado las últimas operaciones a un tipo medio del 2,5%. «Ahora estamos optando por tipos variables, porque el fijo que nos ofrecen es muy elevado, no es atractivo», explica Fernández Carriedo. Su departamento tiene en caja el 99% de la deuda que necesita la Junta para 2022, contratada la mayor parte antes de la última revisión del precio del dinero.

El consejero precisa que la situación de «solvencia» de la comunidad para salir a los mercados de deuda en los próximos meses está respaldada por las agencias de calificación con la «máxima» estimación posible para una autonomía, equiparada a la del Reino de España. Eso supone que los préstamos se contratan con una prima de riesgo más asumible.

La Junta prevé contratar el próximo año operaciones de deuda por una cuantía de 1.464 millones de euros. 1.223 millones son para afrontar la operaciones que vencen y cuyo dinero debe devolver la comunidad. A eso se suman 205 millones que permite el objetivo de déficit del 0,3 % del PIB asignado a las autonomías para 2023 y una cuantía pequeña a cuenta de ajustes.