Castilla y León irá a juicio para recuperar los 182 millones que le adeuda el Gobierno

En ese contexto lo primero es el dinero. Y la Junta tiene muy presente que el Gobierno central, más allá de las ayudas por la pandemia y el reparto de fondos europeos, mantiene una deuda atrasada con Castilla y León: 182 millones correspondientes a la liquidación del IVA del último mes de 2017. En realidad, a esa se suman, dicen los responsables autonómicos, los 80 millones que, en plena pandemia, detrajo el Gobierno del presupuesto destinado a formación para el empleo, y que también se pretenden recuperar.

Tras dar por agotada la vía del diálogo, el Gobierno autonómico ha decidido reclamar judicialmente esos 182 millones, que se desglosan en: 120,49 millones de la liquidación del IVA; 61,51 millones del nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica; y los intereses legales.

Este requerimiento es el paso esperado ante el silencio gubernamental. De hecho, se aprobó en febrero en el Consejo de Gobierno de la Junta y se envió ese mismo mes un primer aviso al Consejo de Ministros. «Desde entonces la Junta no ha obtenido respuesta alguna», señala en un comunicado el Gobierno regional. Así que solo quedaba la vía judicial, que se anuncia ya con esta primera andanada por carta a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.

«De no atenderse la petición de la Junta, la Administración de la Comunidad abriría el camino de la vía judicial e iniciaría un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por las cantidades reclamadas», concluye el comunicado de la Consejería de Economía y Hacienda.

Es un dinero cuya urgencia ha evolucionado. Lo que en principio fue una herramienta para la crítica política y para desactivar la oposición regional del partido mayoritario, el PSOE, se revela ahora como una cantidad que cubriría, por ejemplo, buena parte de los sobrecostes sanitarios derivados de la pandemia por el Sars-Cov-2.

Luis Tudanca, secretario general de los socialistas, cree que se trata, cuando aún está por definir el reparto de fondos europeos, de una «deslealtad». Un símbolo de que vuelve el tiempo de la pelea política. «Ha acabado la pandemia y a la Junta se le ha terminado la lealtad con el Gobierno de España. Se dedican a hacer oposición a un Gobierno socialista. Nunca jamás un Gobierno le había dado tantos recursos a esta comunidad autónoma para hacer frente a sus necesidades. Y como no son capaces de reconocerlo y de ser agradecidos, plantean nuevos conflictos. Esa no es la línea», señaló Tudanca.

Como argumentación, fuentes socialistas explicaban la semana pasada a El Norte que a Castilla y León le va a corresponder «una financiación, entre social, sanitaria y participación en los 16.000 millones a fondo perdido, superior a los 850 millones. Nos van a permitir dedicar a financiación sanitaria unos 115 millones de fondos Feder que no estaban comprometidos», decían. Y a eso hay que añadir lo que llegue procedente del fondo europeo que está en negociación actualmente. «Estaría bien que cumpliera con la ley y compromisos firmados, solo con eso ya tendrían suficiente para gobernar toda la legislatura», contragolpeó Tudanca.

«El Fondo Estatal de Inversión Local tiene por objeto aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata a partir de comienzos del 2009 y que sean competencia de las propias entidades locales». Así se justificaba en diciembre de 2008 la creación del Plan E del Gobierno de Zapatero, un intento por reactivar una economía que entraba en barrena.

Ayer, la Junta de Castilla y León aprobó «movilizar en los próximos doce meses 85 millones de euros destinados a las entidades locales para que puedan realizar inversiones que contribuyan a la reactivación de la economía tras la crisis de la covid-19 y que estén vinculadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030».

El consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, se lo trasladó a los representantes de las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, Cámara de Contratistas, Cecale y autónomos (ATA). Ibáñez explicó que su Consejería coordinará los fondos, que se distribuirán a través de cinco convocatorias «repartidas en tres líneas de trabajo, como son las ayudas a mancomunidades y otras entidades locales de ámbito asociativo; los fondos de cooperación local general y un segundo fondo extraordinario para hacer frente a la covid-19», explicó la Junta en una nota.

Ibáñez considera que canalizar las inversiones a través de las entidades locales permitirá ser más «efectivos» y «rápidos» a la hora de movilizar unos fondos que tienen como objetivo primordial beneficiar a las empresas y autónomos.