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Insiste el Gobierno de Mañueco, en cada acto público, en exigir los 142 millones del IVA que el Gobierno de España se resiste a ingresar en la hacienda autonómica. Es la cantidad correspondiente a la liquidación de un mes de 2017, que no se reclamó en 2018, explican los populares, por que no pareciera que Castilla y León se alineaba con el 'España ens roba' que esgrimían los independentistas catalanes, y que llegado 2020 se ha quedado en el limbo porque, aduce el deudor, se ha pasado el plazo para reclamar, que expiraba en 2019.
El caso es que no solo Castilla y León, sino también Galicia o Madrid han reclamado ese dinero. Una cantidad que conviene contextualizar para no embarullarse en el maremágnum macroeconómico. El presupuesto de la Junta de Castilla y León en 2018 -prorrogado desde entonces- era de 10.859 millones de euros. Visto así, 142 millones suponen un 1,3% del total.
Cuando se desgrana el monto autonómico en partidas más pequeñas, sin embargo, esos 142 millones cobran una dimensión diferente. Así, suponen más que el dinero destinado a las nóminas de los docentes de centros concertados de Infantil y Primaria (119 millones), por ejemplo, o más de la mitad de lo que cuesta la construcción de un hospital como el Río Hortega de Valladolid (199 millones).
Porque ese dinero procedente del IVA que se recauda en cada autonomía tiene unos matices que no se encuentran en otras partidas presupuestarias. La financiación autonómica contempla que «el 50% de la recaudación líquida del IVA» se revierte a las comunidades autónomas después de aplicar «un índice de consumo territorial que es certificado por el Instituto Nacional de Estadística». Ese dinero es «incondicionado». Es decir, que no tiene definido de por sí una finalidad concreta. En el lado contrario, si un ingreso viene a través de los fondos europeos, suele ser con un objetivo ya marcado, como puede ser la construcción de una depuradora. El dinero del IVA lo puede asignar la comunidad autónoma a las partidas que más le interesen. Y esas suelen ser, en el caso de Castilla y León, Sanidad y Educación. «En otras consejerías tienen más dinero condicionado, Fomento tiene fondos eropeos, Agricultura también y aunque cofinancie la Junta debes destinarlo a algunas finalidades», explican fuentes conocedoras del intríngulis de los presupuestos autonómicos.
La clave está en que se puede gastar «en lo que más se necesite» y eso en este territorio incluye partidas como las facturas de farmacia. «El gasto de farmacia de los hospitales supone unos 1.000 millones al año, por lo que esos 142 dan para más de un mes», indican las mismas fuentes. Y si se desgrana el capítulo de gastos del presupuesto de 2018 se obtiene, por ejemplo, que es más de lo que se destina a la renta garantizada de ciudadanía (79 millones), a las pensiones no contributivas (125 millones) o al programa de prevención del cáncer (23 millones).
En Educación, es aproximadamente la misma cantidad que en 2018 se presupuestó para obras y reformas y equipamiento en centros escolares de Primaria e Infantil, 55 millones, y obras y reformas en centros de Secundaria Obligatoria, 85 millones.
El contraste es aún mayor si se mira a las consejerías con un menor peso porcentual dentro del presupuesto general de la autonomía. Así, los proyectos de inversión real de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, suponían en 2018 unos 97,4 millones de euros. Incluyen aspectos tan variados como las campañas contra la violencia de género, tratamiento del tabaquismo, observatorio del abuso de drogas, construcción y equipamiento de residencias de mayores... Cultura tenía entonces un presupuesto absoluto, incluidos gastos de funcionamiento y personal, de 126 millones, inferior a la cantidad que se adeuda a Castilla y León. Dentro de esa cifra, dedica 17,6 millones a rehabilitación y conservación del patrimonio.
La Junta de Castilla y León anunció ya su intención de pedirle al Consejo de Ministros que se abone ese dinero que se adeuda. Si en tres meses no hay respuesta, o es negativa, se podrá interponer un recurso administrativo para el que el deudor dispondrá de otros tres meses de plazo para responder. Agotadas estas vías más pacíficas, solo quedará acudir a los tribunales, algo que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ya ha anunciado que hará si es necesario.
La resolución, en todo caso, tampoco está clara. Por un lado, parece claro que hay un dinero que no llegó a su destino. «Los contribuyentes pagaron los 12 meses del IVA y a la Junta solo le han enviado 11. El producto final de todo esto es que todos los empresarios han ingresado el IVA de doce meses y a la Junta le han pagado 11», señalan las fuentes antes citadas. Se debería haber recurrido, entonces, en 2019, pero se decidió no hacerlo. Además del argumento de no interferir con la delicada situación que se vivía en Cataluña, fuentes conocedoras del caso explican que «la experiencia cuando se ha recurrido no ha sido buena», así que se optó por negociar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que se envió una carta en agosto de 2018. «Desde entonces se lleva intentando que se pagara ese mes. De hecho la ministra de Hacienda, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que no salió adelante, llevaba la compensación del IVA». Pero los presupuestos no se aprobaron y el dinero nunca llegó.
A cada comunidad autónoma le corresponde un 50% de la recaudación del IVA, según el modelo de financiación autonómica. Unos ingresos que son muy variables y que están ligados a la actividad económica. A mayor consumo, más recauación. Por eso en 2009, 2010 y 2012 las cifras fueron considerablemente más bajas que en el año 2018. Fuentes consultadas por El Norte consideran que en 2020 «aunque se prevé una ralentización, seguirá subiendo porque hay datos positivos y es fácil que el consumo crezca, pero no tanto como se ha venido incrementando en los últimos años». En 2007, sin embargo, la recaudación bajó por primera vez desde que existían registros, lo que poco después se confirmó como una señal inequívoca de la recesión que se avecinaba.
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Abel Verano, Lidia Carvajal y Lidia Carvajal
Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
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