Isabel Blanco: «No se pueden aceptar imposiciones, sobre todo, cuando hablamos de menores»

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, afirmó este lunes que «no se pueden aceptar imposiciones, sobre todo, cuando hablamos de menores». En este contexto, recalcó que las decisiones «hay que tomarlas de manera conjunta y consensuada entre todas las comunidades autónomas, dentro de los órganos competentes, nunca por imposición de un gobierno para ceder a los chantajes de sus socios separatistas, en este caso».

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana, antes del Pleno de aprobación de la Memoria 2024 del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

«Hemos enviado los datos que nos solicitaban. Nuestros datos son públicos. Llevamos diciéndolo muchas semanas. El sistema de protección para los niños y niñas migrantes, en este caso, tiene 130 plazas en Castilla y León. Se han ido aumentando, como consecuencia de las diferentes crisis humanitarias que ha habido en los últimos años y, ahora mismo, hay 178 menores extranjeros dentro de nuestro sistema, atendiéndoles con calidad y, sobre todo, con dignidad», aseguró.

«El año pasado atendimos, en total, a 275 menores migrantes. Hemos remitido esos datos al Ministerio y estaremos a la espera de que nos vayan informando. Yo creo que es importante destacar lo que hemos dicho siempre: que Castilla y León es una tierra solidaria y que es una tierra de acogida», subrayó.

La vicepresidenta recordó que la política de inmigración es «una política de Estado, una política que no se puede trocear» y apostilló: «No se puede ceder el control de fronteras. No se puede ceder la repatriación de los menores y de los adultos. Es necesario actuar en origen, un control de fronteras, es necesario implicar al Frontex, a la Unión Europea, y es necesario poner recursos encima de la mesa».

Blanco insistió en que se trata de «una política de Estado» y lamentó que el Gobierno de España «no tenga una política migratoria», ya que «lo que hace son cesiones permanentes a sus socios separatistas para continuar en La Moncloa, en la política migratoria general o en el decreto que ha aprobado de menores, con unos criterios que no sabemos muy bien cómo se van a aplicar».

Por otra parte, Isabel Blanco indicó que «no se conoce» el reparto oficial. «Lo que sí sabemos son los números que están publicando los medios de comunicación. No parece lógico que a una comunidad como Cataluña vayan algo más de 20 menores, mientras a comunidades como Madrid o Andalucía vayan más de 700», precisó. «Solidaridad, sí; imposición y negociar con los menores, no», concluyó.

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