Los 16 acusados de la trama eólica se enfrentan a 140 años de cárcel y multas de 835 millones

Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral de la denominada trama eólica ante la Audiencia de Valladolid y formulado escrito de acusación contra 16 excargos de la Junta y empresarios que presuntamente se beneficiaron de la concesión irregular de las autorizaciones de los parques eólicos en la comunidad. Este es el último paso en la instrucción de la primera macrocausa de corrupción política en Castilla y León que comenzó en 2017 para investigar supuestas «mordidas» por parte de altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de determinados parques eólicos entre los años 2000 y 2015.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Tomás Herranz considera al exviceconsejero de Economía y secretario general de esa Consejería entre 2003 y 2011, Rafael Delgado como el ingeniero de la trama y le atribuye delitos continuados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y delitos contra la Hacienda Pública por los que pide penas que suman 42 años de prisión y multas que globalmente ascienden a 239 millones.

El escrito de acusación sostiene que Delgado, siguiendo instrucciones del consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, junto con el también acusado Ricardo Bravo, responsable de Iberdrola, «aprovechó la ocasión para exigir ilegalmente a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización». La participación que requería tenía que ser próxima al 40%. Además, se le acusa de «seleccionar y favorecer ilegalmente a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación» con las que habría actuado de acuerdo «para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto». Se trata de los empresarios Alberto y Francisco Esgueva, el exdirector de Deportes de la Junta, Andrés Martín Paz, el promotor inmobiliario Germán José Martín Giraldo o los hermanos constructores Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, todos ellos, encausados en el proceso.

Atribuye la Fiscalía a Delgado que, al menos en agosto de 2003 indicó a los jefes de servicio territoriales de Industria que no concedieran más autorizaciones de parques e indicó al encausado Manuel Ordóñez Carballada, entonces director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León «que elaborara una instrucción que le permitiera, mediante la figura de la avocación, otorgarlas a él». Esa instrucción de 14 de abril de 2004. «una norma de rango inferior» que revoca la competencia que tenían los servicios territoriales por un decreto de 1997 «lo cual resulta ilegal», apostilla el fiscal. De esta forma, Delgado habría concedido la práctica totalidad de las autorizaciones cuando ocupó el cargo de viceconsejero y cuando no fue de manera directa, los jefes de servicio siguieron sus órdenes.

Además, esa instrucción permitió a ambos encausados «manipular la tramitación de los expedientes al controlar el momento en el que se debían tramitar para otorgar las autorizaciones, con independencia de que cumplieran o no los requisitos para obtener la autorización administrativa». Confeccionaron nuevos listados informáticos con los solicitantes «para conseguir sus ilícitos propósitos de introducir participación local en las sociedades promotoras de los parques» y creó un nuevo trámite en el procedimiento administrativo para justificar la paralización de la concesión hasta que los promotores negociaran la participación con las empresas que él quería beneficiar: la «competencia de evacuación», que solo superaban los parques que incluían un socio local. Este trámite, apostilla el fiscal, «no se encuentra en la normativa reguladora y vulnera el principio de libre iniciativa empresarial».