Vox ensaya en la región su acceso a un gobierno en España

El 'botón' rojo del anticipo electoral incluyó el cese de sus coaligados de Gobierno de Ciudadanos (el vicepresidente Francisco Igea y sus tres consejeros). ¿La excusa? La «deslealtad» en la negociación de los presupuestos. ¿El modelo? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rompió un pacto similar, adelantó elecciones, pilló con el pie cambiado a los rivales y logró una más que holgada mayoría.

A Fernández Mañueco no le salió tan bien. Treinta y nueve días después de su tuit-aviso, un 27 de enero arrancó la campaña más atípica que se recuerda. El primero de los dos debates electorales confirmó que su mayor opositor, el socialista Luis Tudanca, podría reciclarse como pitoniso. «O un gobierno PP-Vox o un gobierno decente».

Tras una campaña sin nervio ni interés (incluidos los propios candidatos), los resultados del 13-F mostraron el claro error de cálculo del presidente regional. Su triunfo con 31 escaños (de 81 posibles) estaba lejos de permitirle formar gobierno. Los 13 de Vox parecían inevitables. «¡Qué cara de vicepresidente de la Junta se te está poniendo, Juan!», le gritó el líder nacional del partido ultra, Santiago Abascal, a su delfín en la comunidad, el novato letrado burgalés Juan García-Gallardo.

Aún así ambas formaciones echaron un pulso de casi dos meses hasta que un 10 de marzo se acordó el coste de la 'operación': una vicepresidencia, tres consejerías (Cultura, Agricultura y Ganadería e Industria y Empleo) y la presidencia de las Cortes regionales para Vox.

Es el mismo 'botín' que se llevó antes Ciudadanos. Y también era la primera toma de poder real en un gobierno en España. ¿El objetivo? Parafraseando a Leonard Cohen, 'derribar el sistema (autonómico) desde dentro'. El 29 de abril se vio la primera foto de un Ejecutivo que prometió «trabajo, diálogo y moderación».

De lo primero, hubo un primer Plan Anticrisis con 75 medidas valoradas en 470 millones cuyos resultados aún se desconocen. El diálogo ha brillado por su ausencia. García-Gallardo empezó por romper con el Diálogo Social y sus agentes (patronal y sindicatos). La tercera pata, la moderación, está todavía más ausente: los insultos en los debates («imbécil», «fascista», «la historia criminal de su partido») han sustituido a las propuestas en el Parlamento autonómico.

Además al presidente Fernández Mañueco y su equipo le ha tocado en estos primeros meses de coalición hacer auténticos equilibrios para encajar (o hacer que encajaran) las propuestas de su socio contra la violencia 'intrafamiliar', o de ruptura con los agentes productivos. Y seguir gobernando. Solo en la Consejería de Industria que dirige desde Vox Mariano Veganzones se han producido ya tres salidas de altos cargos.

Un sobresalto constante que no ha impedido a PP-Vox aprobar a finales de octubre lo que al parecer dinamitó un año antes el gobierno regional: los presupuestos. La región tendrá para 2023 unas cuentas récord que superan los 13.800 millones de euros. Sanidad, Educación y Familia, tres pilares claves de la realidad social, se llevan más de 8.600 millones de euros de esas cuentas.

Y sí, contarán con una partida (0,5 millones) para la violencia intrafamiliar, un concepto en el que solo creen los de Abascal. Las cuentas incluyen la congelación salarial del Ejecutivo. Falta que lleven esa 'congelación' a las pésimas relaciones con la oposición.

Sin embargo, este logro presupuestario se vio envuelto en el último de los varios 'sainetes' que se vivieron en la sede de la soberanía regional. En vísperas de Nochebuena, PP y Vox se dieron un festín de torpeza colectiva y votaron, casi por unanimidad, las enmiendas del PSOE contra la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de las cuentas. O, lo que es lo mismo, contra los efectos del texto de PP y Vox que debía votarse a continuación. Su ausencia dejaría sin efecto parte del 'esqueleto' presupuestario.

Las triquiñuelas para repetir la votación o las suspensiones de sesión a cargo del presidente de las Cortes (Carlos Pollán, Vox) solo sirvieron para que la oposición afilara aún más los 'cuchillos' y amenazara con los tribunales. Mientras, los letrados de las Cortes no daban crédito.

El gobierno del «trabajo, diálogo, moderación» tendrá que volver a las Cortes en enero con un trámite de urgencia que costará al menos 13.000 euros. Dado que 2023 será un largo túnel electoral, municipal y nacional, hay quien no descarta que Castilla y León se sume también. De nuevo.