La reducción del «gasto político» que propone Vox, un modo de apretar a la oposición

La Mesa de las Cortes decide la retribución que percibirán los grupos parlamentarios, que consta de una partida fija y otra variable. En Castilla y León la fija es de 3.850 euros al mes y la variable, de 3.660 euros por procurador al mes. El gasto total de estas subvenciones fue, en 2021, de 3.742.320 euros. Son las mismas cantidades que rigen desde el 3 de julio de 2019.

Ese dinero es el que tienen los grupos para contratar asesores, informes externos (jurídicos, por ejemplo) o servicios. En el desglose de gastos de 2020, por ejemplo, el PSOE reflejaba 9.543 por trabajos realizados por otras empresas, 4.182 euros de publicidad y propaganda o 64.505 euros en gastos de viaje. A personal del grupo parlamentario se destinaron 193.536 euros. Vox, con una sola parlamentaria encuadrada en el Grupo Mixto, empleó 34.032 euros en salarios

En Castilla y León no todos los procuradores cobran una nómina. Tienen dedicación exclusiva los miembros de la Mesa de las Cortes (76.355 euros al año más 1.800 mensuales de gastos). Los mismos salarios perciben los cuatro portavoces, mientras que los portavoces adjuntos cobran 1.440 euros al mes de gastos en lugar de 1.800. El PSOE tuvo 6 'liberados' de esa categoría la pasada legislatura, por cinco del PP, que dejó dos vacantes, tres de Ciudadanos y dos del Grupo Mixto. Además, PSOE y PP fijaron otras dos dedicaciones exclusivas cada uno, sin indemnización por gastos, de 61.023 euros anuales. En total, 24 procuradores a sueldo exclusivo del parlamento autonómico.

Es la Mesa de las Cortes la que decide cuántas dedicaciones exclusivas se conceden. Vox, por de pronto, ha anunciado que tendrá un portavoz, un adjunto y un secretario general del grupo parlamentario. Tres puestos, similares a Ciudadanos. Del mismo modo, Fátima Pinacho y Carlos Pollán cobrarán como miembros de la Mesa de las Cortes.

Si se mantiene la cuota de la legislatura pasada, en la que a los 29 escaños del PP le correspondieron 7 puestos con dedicación exclusiva, y dado que PP y PSOE se mueven en cifras cercanas (29-31, respectivamente), la formación de un grupo UPL-Soria ¡Ya! y otro grupo mixto podría hacer crecer esas liberaciones hasta 27, incluida la Mesa. Recortar las dedicaciones exclusivas a los grupos más pequeños impide, y más si además se reducen las asignaciones a los grupos, que estos puedan realizar su labor de control.

La teoría del ahorro del gasto superfluo se ha puesto en marcha en Madrid con la pretensión de Isabel Díaz Ayuso, apoyada por Vox, de reducir un 33% los puestos de procuradores. Lo que ocurre es que allí 106 de los 136 diputados tienen dedicación exclusiva, lo que sitúa el salario base en 3.573 euros al mes que se completan con asistencias con portavocías o presidencias de comisiones, con variables de 691 a 863 euros al mes, mayores si se ejercen funciones en la Mesa o en la Junta de Portavoces. Otros siete diputados son consejeros, con lo que cobran del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y el resto tienen una nómina básica de 1.246,27 al mes por no exclusividad que se completa con los complementos por otras funciones.

En las Cortes de Castilla y León quedan 57 procuradores actualmente que no cobran un sueldo fijo por su labor. El sueldo, en su caso, proviene de conceptos como la asistencia a plenos o a comisiones, que se pagan a 220 euros por sesión. También se abona el kilometraje.

Y hay un concepto a mayores que es el de «consultar documentación», que se paga igual que un pleno y con derecho a kilometraje, si es necesario. «Cuando alguien quería ir a buscar documentación, a una consejería o delegación territorial o dirección general, no se consideraba actividad parlamentaria, con lo que los diputados pedían día libre en el trabajo y se hacían los kilómetros por su cuenta y riesgo», cuentan fuentes parlamentarias. Así que pasó a considerarse una actividad parlamentaria. Podría resultar menos costosa si el Ejecutivo, al recibir una petición de información, la hiciera llegar de manera fluida y por vías rápidas, pero se hace que el procurador que la pide vaya a la consejería o delegación territorial correspondiente y la consulte in situ. Quien pide la documentación suele ser, como es obvio, la oposición, ya que los partidos en el Gobierno siguen la línea marcada por la Junta de Castilla y León.

Para entender la labor de control del parlamento, fuentes del PSOE recuerdan que sus entonces procuradores Javier Izquierdo y José Francisco Martín tuvieron que acudir a las nueve delegaciones territoriales de la Junta, en las nueve provincias, para poder recabar la información necesaria para investigar lo que luego derivó en la conocida como trama eólica. En ese caso, ambos contaban con dedicación exclusiva.

El sueldo medio de un procurador sin dedicación exclusiva, a partir de dietas por asistencia y kilometrajes, ha sido de 25.184 euros anuales en 2021.

Los consejeros que no son procuradores -en la pasada legislatura, caso de Isabel Blanco, de Familia- cobran su sueldo de la Junta y no reciben un euro por asistir a plenos y comisiones. Sin embargo, los que sí son parlamentarios perciben 220 euros por asistencia al Pleno además de su sueldo en el Ejecutivo. Así, Carlos Fernández Carriedo, Francisco Igea, Ángel Ibáñez o Alfonso Fernández Mañueco percibieron 7.040 euros por este concepto en 2021. Juan Carlos Suárez-Quiñones recibió 6.380 euros. En el nuevo equipo de Gobierno, los tres consejeros que de momento ha designado Vox no son procuradores de las Cortes, por lo que no cobrarán esas cantidades.