Castilla y León

Las empresas de autobuses, «indignadas» con la Junta por los precios del transporte escolar

En un comunicado, la Federación explicó que estas peticiones se han hecho más insistentes después de que el pasado 23 de junio, la consejera de Educación, Rocío Lucas, se comprometiera, en una reunión con ellos a revisar esas tarifas y a iniciar los procedimientos para el pago de la ayuda.

«Han pasado cuatro meses y aquel compromiso sigue en el olvido», indicaron desde Fecylbus, por lo que mostraron su «total indignación» porque con este olvido entienden que se está «perjudicando gravemente» a las empresas del sector del transporte público de viajeros por carretera. Además, recordaron que todos los días del curso escolar se realizan para la Consejería de Educación 2.000 rutas (de las cuales unas 900 son de prestación conjunta regular y escolar, sobre las que se centra la petición de Fecylbus), y se transportan 36.000 alumnos, «con puntualidad y seguridad».

Asimismo, la Federación recordó que la Consejería lleva casi 20 años sin revisar los precios de los servicios integrados, que aglutina el transporte regular y el escolar. Además, señaló que no ha pagado la ayuda a la implementación del protocolo Covid, correspondiente al curso 2021-2022 y que obligaba a las empresas de autocares a adelantar gastos extra por higienización para evitar la propagación de la covid en el transporte, según información recogida por la Agencia Ical.

El presidente de Fecylbus, Fernando García, consideró que, «como representantes de un sector empresarial imprescindible para asegurar la movilidad de la población de Castilla y León, que todos los días transporta más de 36.000 estudiantes a los centros públicos de enseñanza de la comunidad, e interlocutor ante la Junta de Castilla y León, deberíamos tener, qué menos, una respuesta adecuada».

Sin embargo, lamentaron, los «silencios continúan», a pesar de que aseguraron desde Fecylbus se han remitido varios escritos a la Consejería de Educación y se han realizado diversas llamadas telefónicas a este departamento. Por ello, la organización empresarial, con cerca de 200 empresas asociadas, con más de 2.500 vehículos y 3.000 puestos de trabajo directos, rogó a la consejera Rocío Lucas que «atienda estas peticiones», porque «de no ser así, la pervivencia económica y la prestación del servicio de las empresas estará en serio peligro».