El sector del transporte escolar pide a la Junta revisar los precios del servicio

Desde FECYLBUS pide a la Junta que revise los precios de estos servicios integrados, y también afronte el pago de la ayuda a la implementación del protocolo Covid, correspondiente al curso 2021-2022 y que obligaba a las empresas de autocares a adelantar gastos extra por higienización para evitar la propagación de la covid en el transporte. Denuncian, además, que la Consejería no ha atendido los requerimientos realizados desde la Federación, e insisten en «la necesidad de una solución, inmediata y certera», para revisar los precios de los servicios integrados y agilizar el pago de la citada ayuda, para un sector que se encarga de 2.000 rutas y el traslado, durante todos los días del curso escolar, de 36.000 alumnos, «con puntualidad y seguridad».

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Recuerdan que la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León garantiza el derecho a la movilidad de la población residente en la Comunidad, y califica el transporte como un servicio público esencial. «Por el hecho de ser un servicio público esencial requiere del apoyo y el respaldo por parte de las administraciones», señala el presidente ejecutivo de FECYLBUS, Fernando García, la organización más representativa del sector en Castilla y León, con cerca de 200 empresas asociadas que colaboran con el afianzamiento de la población en el mundo rural, con más de 2.500 vehículos y 3.000 puestos de trabajo directos.

Ante el inicio del curso escolar, al sector del transporte público de viajeros por carretera se le avecinan «importantes dudas y preocupaciones». Recuerdan que este sector fue de los más afectados por la crisis provocada por la Covid, sin que aún las empresas se hayan recuperado, a lo que hay que añadir los efectos económicos que está provocando la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los costes de explotación de las empresas, con el desequilibrio que les supone a los operadores.

Castilla y León fue pionera en España al poner en marcha un servicio de autobús que integraba el transporte regular y el escolar, que con los años ha crecido y beneficiado a los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que sufre la despoblación de manera grave. En 2005 se inició este modelo de prestación conjunta, aunque la mayor parte de estos servicios integrados se crearon en 2016, con un incremento constante desde entonces hasta la fecha. «Con el paso del tiempo, esta prestación se ha mantenido de manera eficaz y sostenible por parte de las empresas, asegurando una oferta adecuada en beneficio de los castellanos y leoneses», sentencian.