El dinero que le queda a un joven que vive de alquiler: 70 euros

Poco más de 70 euros, para ser exactos 70 euros con 53 céntimos. Eso es lo que le queda a un joven de Castilla y León para sus gastos si vive de alquiler en solitario en la región. Hacerlo es una decisión arriesgada, que casi se podría calificar de heroica, a juzgar por los resultados de la última entrega del Observatorio de Emancipación que elabora el Consejo de la Juventud España en colaboración con su hermano menor de la comunidad.

Las cuentas que han echado ambas entidades se refieren al primer semestre de 2023 y cuantifican el precio mediano –el valor central en cualquier lista ordenada de menor a mayor– de la vivienda en 608 euros al mes. Esa cifra «supone el 57,9% del salario neto mediano de una persona joven» en Castilla y León, que sitúan en 1.050,33 euros. Es decir, que para residir solo un castellano y leonés de entre 16 y 29 años tiene que dedicar al arrendamiento «más de la mitad de su sueldo». Si a lo que queda se le resta el importe mensual de los suministros y servicios de la vivienda, que según los cálculos del Observatorio ascienden a 371,80 euros «tras encarecerse fuertemente en un año», el resultado son los 70,53 euros mencionados para pasar el mes.

La presidenta del Consejo de la Juventud de la región, Sandra Ámez, ha hecho públicos estos datos junto al vicepresidente del mismo organismo nacional, Juan Antonio Báez, en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) en Valladolid. Allí han desmenuzado un informe que pone de relieve que la situación no es homogénea entre provincias. Lo tienen especialmente difícil los jóvenes salmantinos, obligados a destinar el 70,8% de sus ingresos al alquiler, seguidos por los de Segovia (64,7%), Burgos (57,9%), Valladolid (55,6%), Soria (53,3%), León (49,5%), Palencia (48%), Ávila (45,7%) y Zamora (42,7%).

Aquellos que tienen la posibilidad de acceder a una vivienda libre en propiedad –con financiación hipotecaria, por descontado– también se enfrentan a una situación complicada. En especial si la han adquirido en Valladolid, donde el precio medio es el más elevado de la región (127.870 euros que contrastan con los 81.280 de la provincia más barata, que es Zamora). Para sufragarlo los jóvenes pucelanos necesitan prescindir del 51,8% de su salario. A continuación figuran los que habitan en Salamanca (47,6%), Burgos (46%) y Segovia (44,3%), y a mucha más distancia los de Palencia (38,9%), Soria (38,2%), León (35,3%), Ávila (34,9%) y Zamora (32,9%).

Estando así el percal, no es extraño que la tasa de emancipación se haya reducido en Castilla y León respecto a un año antes. A mediados de 2023 estaba en el 14,7%, más de un punto y medio por debajo de la nacional, que creció hasta el 16,3%. La de la comunidad es la quinta más baja del país, solo por encima de Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Se trata de una circunstancia preocupante teniendo en cuenta que la región tiene una de las ratios más bajas de población de entre 16 y 29 años, el 12,7% del total, tras registrar un saldo migratorio interautonómico negativo «semestre tras semestre». Así lo ha reflejado en declaraciones a Ical Sandra Ámez, que ha apuntado que cada año 1.400 jóvenes castellanos y leoneses «migran en busca de oportunidades laborales» a territorios como Madrid, Euskadi y Valencia. De ahí que pida a las instituciones autonómicas políticas públicas «efectivas» que promuevan la estabilidad en el empleo frente a «la parcialidad involuntaria y los bajos salarios».

La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León ha llamado la atención, asimismo, sobre el «panorama incierto» al que se enfrenta el colectivo al que representa, que les impide planificar su vida «personal y profesional» y que añade, a las tradicionales dificultades para la emancipación y la natalidad, «graves problemas de salud mental» que sitúan el suicidio como la primera causa de muerte de este grupo demográfico.

En la misma línea, el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, ha afirmado que esta problemática se ha convertido en «estructural», con una de cada cinco personas menores de 30 años «en riesgo de exclusión social pese a tener empleo», por lo que ha reclamado una política laboral «con altura de miras» que permita «mejorar los salarios».

Al hilo de esto el presidente del CES y anfitrión del acto de presentación, Enrique Cabero, ha solicitado una «necesaria inversión en juventud» para conseguir mejorar la emancipación de los jóvenes como paso hacia «dar una respuesta solvente al reto demográfico».