Las Cortes de Castilla y León aprueban un gasto récord con un ojo en el Senado

Vistas las previsiones, eso sí, el consejero ya podía apuntar de nuevo lo que Pedro Pascual (Por Ávila) vio como un titular repetido año tras año. «El límite de gasto será de 12.993 millones de euros, el nivel más alto de la historia en la comunidad autónoma», anunció Carriedo. «Será más alto porque volverán a ser más altas las transferencias del Estado», le recordó Pedro Pascual, secundando un argumento reiterado por el PSOE en las Cortes en los últimos meses. Incluso se sumó a él Francisco Igea: «Esto ocurre siempre que los países están en una senda de crecimiento», dijo. Y Pablo Fernández (Unidas Podemos) no se quedó ahí, sino que abundó en que los recursos que aporta la Junta son insuficientes porque PP y Vox propugnan un «sistema fiscal injusto y regresivo que hace que los que más tienen, no aporten».

Luis Mariano Santos (UPL) volvió la vista al principio, al Senado. Y de paso echó mano de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Porque este organismo ha advertido de que cualquier cuenta autonómica se ve afectada por la incertidumbre que preside el cálculo nacional. «Estos presupuestos cuentan con un elemento más de inseguridad», decía Santos. Y eso, en Madrid, lo tradujo el senador socialista Fran Díaz con una explicación matemática: «Que el PP haya votado en contra del techo de gasto propuesto por el Gobierno de España supondrá que la Junta de Castilla y León verá reducida su capacidad de endeudamiento en un 0,1% con respecto al PIB de la comunidad. No podrá hasta 71 millones de euros que se podrían invertir en educación, sanidad, dependencia…». Para los populares, en cambio, no hay riesgo. Ni para Castilla y León ni para el resto de los territorios donde gobiernan y que ya han presentado sus presupuestos para 2024. Los números cuadran, dijo Cuca Gamarra (PP) hace dos días.

Su partido y su socio, en Castilla y León, le dan la razón. A pesar de las «incertidumbres» que aprecia la AIReF, Carlos Fernández Carriedo apuntó que el PIB autonómico seguirá con un «aumento moderado» que incidirá en el empleo. Prevé que el paro pueda quedarse en un 9,2% en la comunidad autónoma. Fátima Pinacho (Vox) culpó al Gobierno central de los riesgos para la economía castellana y leonesa. «Aun así, los datos nos avalan», añadió, y presumió de los vaticinios macroeconómicos de aumento del PIB que había citado Carriedo. Y presumió de las exenciones y deducciones fiscales «impulsadas por Vox» que hacen, eso sí, que se reduzcan «los ingresos propios» de la Junta, como reflejarán las cuentas.

Faltaba la dialéctica PSOE-PP. Los dos últimos grupos en intervenir en el debate. Rosa Rubio (PSOE) alabó el récord del techo de gasto pero con el matiz de que se debe, explicó, a las aportaciones del Estado. «Aumentan los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómico, 9.334 millones de euros. Ni más ni menos. Dinero para cubrir los gastos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales». Y abundó en ello. «Ocultan datos desglosados de ingresos no financieros. Porque a Mañueco le avergüenza tener que reconocer el fracaso de sus políticas económicas y fiscales, injustas y nada sociales, que hacen que los ingresos propios mermen cada año más, 400 millones menos en 15 años por premiar a sus amigos ricos», acusó.

Y Rubio también miró al Senado, claro. «En Madrid han votado en contra del techo de gasto en España, lo que supone que Castilla y León puede perder 70 millones de euros».

La réplica la dio Rosa Esteban (PP). Comenzó por la ley del solo sí es sí, las rebajas de las penas de malversación, el delito de sedición, «el respeto a la división de poderes». Argumentario político habitual antes de ceñirse a la cuestión. Curiosamente, con la repetición de la palabra «respeto», que será el eslogan central de la manifestación del 10F de organizaciones sindicales y sociales -y con apoyo del PSOE, claro- contra el tándem PP-Vox.

En cuestiones económicas, Esteban centró el discurso en el desigual reparto del objetivo de déficit, limitado a un 0,1% para las comunidades autónomas y el 0,2% para los ayuntamientos, mientras el Estado se reserva la mayor parte. «Castilla y León cuenta con 2.238 municipios, con una extensión de 94.000 kilómetros cuadrados», recordó Esteban. «Ha sido una de las comunidades más olvidadas en financiación estatal. Es una de las comunidades con mayor gasto social por habitante. El PP reivindica una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas», insistió. Y de paso rechazó cualquier condonación de deuda -léase en primer lugar los 15.000 millones a Cataluña- que no pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.