El Consultivo reivindica su «eficacia» solventando 376 reclamaciones de daños y 207 conflictos de contratos públicos

Entre esas reclamaciones de responsabilidad patrimonial sobre las que dictamina el Consultivo, si las administraciones deniegan el pago y la cuantía supera los 3.000 euros de valoración de daños en el caso de ayuntamientos y diputaciones y los 6.000 para la Junta, empiezan a llegar las que tienen que ver con la atención durante la pandemia.

Ese es el resumen, en grandes pinceladas, de la gestión del Consejo Consultivo en 2021. El organismo lo preside Agustín Sánchez de Vega, y tiene como consejeros a Valle Ares, Francisco Ramos y al expresidente Juan Vicente Herrera. Los tres primeros fueron elegidos por las Cortes y Herrera es miembro nato en calidad de expresidente de Castilla y León.

Sánchez de Vega, que volvió a recordar ante los procuradores «el problema endémico» de falta de letrados -en la legislatura pasada quedó pendiente un cambio de regulación a nivel laboral que afectaría también a otras instituciones propias, como el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas- resaltó en su intervención que las administraciones aplican en un 95% el criterio que marca el Consejo, que desde 2012 es también Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. El organismo asumió esta función sin incremento de coste y con ella se ha rebajado la litigiosidad en torno a los contratos públicos.

Sánchez de Vega enmarcó esta tarea de tribunal como una «inversión». Recordó a los procuradores que antes de 2012 un conflicto de este tipo tardaba una media de siete años en resolverse en la jurisdicción ordinaria, tiempo en el que la adjudicataria seguía prestando el servicio o con la obra adjudicada. Si los jueces resolvían contra la Administración, eso suponía indemnizaciones cuantiosas a las empresas perjudicadas. El Consejo Consultivo resuelve estos litigios en menos de un mes.

«El Consejo no duplica ni solapa con el Consejo de Estado, amplía garantías a favor del ciudadano», ha defendido Sánchez de Vega. Un argumento que han respaldado los portavoces del PP, PSOE, UPL-Soria ¡YA! y el grupo mixto, en este caso Cs, que han traslado su apoyo «incondicional» a la institución tras analizar la gestión reflejada en la memoria anual. El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha reconocido el trabajo y la labor que desarrolla el Consultivo, pero también ha recordado que es un organismo que en otras comunidades se ha suprimido y que aquí «tiene un horizonte de mejora».

Agustín Sánchez de Vega ha explicado que no contar con un consejo como el Consultivo también supone un gasto, sin entrar en la repercusión del control que se deja de ejercer sobre los gestores públicos. Ha puesto el ejemplo de Cantabria, sin consejo autonómico, donde el Consejo de Estado no trabaja gratis, como tampoco lo hace el Tribunal de Recursos Contractuales. Los organismos estatales abarcan menos casuística y demoran las resoluciones.