El Consultivo resuelve 180 conflictos sobre contratación pública en Castilla y León con mil millones de euros en juego

Los criterios de adjudicación, la forma de redactar los pliegos de condiciones y de valorar las ofertas, problemas con los costes salariales del contrato cuando hay subrogaciones de personal o con los precios son parte de la casuística que dirime el Consultivo en su versión Tarcyl siempre que el valor del contrato supere los 100.000 euros. Uno de cada dos casos enjuicia contratos de prestación de servicios y el principal acto que se recurre es la adjudicación.

«Funcionamos a modo de primera instancia y proporcionamos una justicia rápida, directa y eficaz», valora Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo. La media de resolución de estos recursos es de 29 días y, si las partes no están de acuerdo con la decisión adoptada pueden acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Sánchez de Vega destaca esa celeridad incide en la prevención del daño que ocasionaría la paralización de un procedimiento de contratación de un servicio o una obra. Incluso el perjuicio de hechos consumados que no se ajustan a derecho. Una resolución a tiempo permite limpiar los pliegos para que se garantice «la igualdad, la concurrencia competitiva y la no discriminación» de ninguna empresa, resalta el presidente.

Castilla y León es la única comunidad que eligió la implantación de este tribunal ligado a su Consejo Consultivo. «Creo que fue un acierto adscribir esta materia de contratación pública, porque nuestro instrumento de trabajo es el derecho. No somos Poder Judicial, pero sí desarrollamos una labor jurisdiccional desde un órgano independiente, eficaz y gratuito», explica el presidente del Consejo Consultivo.

El Tribunal de Recursos Contractuales lo integran los tres consejero elegidos por las Cortes: el propio Agustín Sánchez de Vega, Francisco Ramos y María del Valle Ares. Del Tarcyl está excluido Juan Vicente Herrera, consejero nato del Consultivo al ser expresidente de la Junta. En esa responsabilidad de gobierno ha tomado decisiones de contratación y se elude de esta manera posibles conflictos de intereses.

El contrato del servicio de ayuda a domicilio licitado por la Diputación de Palencia, por valor de 31,35 millones de euros; el de gestión del centro de tratamiento de residuos de Aranda de Duero que promovió el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Burgos, valorado en 5,6 millones de euros, o el del mantenimiento del alumbrado público de Tudela de Duero (2,66 millones) son algunos de los casos resueltos en 2020 en los que el Tarcyl dio la razón a los recurrentes.