Los consejos Consultivo y de Cuentas reforzarán el control sobre la contratación pública en Castilla y León
Las dos instituciones autonómicas compartirán datos sobre recursos y auditorías e impartirán formación a funcionarios que tramitan licitaciones
El Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas estrecharán la labor de control sobre los contratos de obras, bienes y suministros que formalizan las administraciones ... de Castilla y León. Agustín Sánchez de Vega y Mario Amilivia, presidentes de las dos instituciones autonómicas, firmarán el jueves un protocolo de colaboración que facilitará el trasvase de información entre el personal de ambos consejos sobre las labores que desarrollan alrededor de los contratos públicos.
El Consejo Consultivo es, además, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla yLeón (Tarcyl). Resuelve anualmente más de 200 recursos sobre contratos de todo tipo que mueven millones de euros públicos: por disconformidad con los pliegos de contratación, las valoraciones y adjudicaciones, criterios que se aplican a las concesiones, etc. Despachan el conflicto en una media de 29 días. A eso se suma que es obligatorio que una administración pida su dictamen en expedientes de rescate de concesiones, interpretación de contratos, nulidad o ante reclamaciones contra la Administración que superen los 50.000 euros., entre otros.
El Consejo de Cuentas se encarga de fiscalizar el correcto empleo de los fondos públicos por parte de los gestores de las administraciones. Su labor toca el terreno de la contratación. Todos los años selecciona un muestreo de alrededor de 70 contratos de la Junta. A este informe se suman otras fiscalizaciones que pueden tener como objeto cuestiones sobre licitaciones. Su personal auditó, por ejemplo, la compra de suministros en los hospitales de la Junta. Cada uno lo hacía por su cuenta y a precios diferentes.
La iniciativa que plasmarán el jueves Sánchez de Vega y Amilivia permitirá que la información que manejan acerca de conflictos sobre contratos y auditorías fluya entre su personal técnico. «Va a reforzar la garantía de transparencia desde el inicio de una contratación, con la elaboración de los pliegos de licitación, hasta la liquidación final. Es una colaboración que va a aportar un plus de calidad en el control, con conocimiento recíproco y apoyo mutuo, un asesoramiento de ida y vuelta», asegura Agustín Sánchez de Vega.Coincide en esa opinión Mario Amilivia, que recalca que, además, es una colaboración «a coste cero».
El convenio prevé también impartir formación especializada a funcionarios de administraciones locales y consejerías en materia de contratación, lo que incidirá en la mejora de la tramitación de estos expedientes.
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