El Consejo de Cuentas y el Consultivo, un camino de 242 auditorías y 16.000 dictámenes

El Consejo de Cuentas celebra este jueves, en las Cortes, una jornada de ponencias y trabajo en la que conmemora ese aniversario, en la que el presidente de la institución, Mario Amilivia, abre un programa que clausurará la presidenta del Tribunal de Cuentas estatal, Enriqueta Chicano.

Castilla y León completó, con la puesta en marcha de estos dos consejos, un mapa institucional en el que estaban el Consejo Económico y Social (CES) y el Procurador del Común. Son instituciones de control a la labor de los gestores públicos de Castilla y León que se miran en el espejo de otras estatales, del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el CES de España, pero que hacen una labor de fiscalización a nivel autonómico con una intensidad que no podrían aplicar estos organismo nacionales.

El Consejo de Cuentas aborda todos los años fiscalizaciones obligadas, sobre el presupuesto y los contratos que formaliza la Junta de Castilla y León, a los que suma otros informes que van desde auditorías a ayuntamientos remisos a rendir cuentas, a análisis de cuestiones como la eficacia de los servicios de recaudación de las nueve diputaciones o las posibles brechas de ciberseguridad de los ayuntamientos, que la semana pasada Mario Amilivia explicó en las Cortes. Sus informes se asientan en un minucioso reflejo de datos, diagnóstico, conclusiones y recomendaciones de mejora. El Consejo se está especializando en fiscalizaciones que analizan no solo si los fondos públicos se gastan conforme a la ley, sino también si su empleo es eficaz y contribuye al fin que persiguen. La primera de este tipo, en 2015, radiografió el gasto farmacéutico de los catorce hospitales de Castilla y León. Todos dependientes de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), pero con compras de fármacos por separado que generaban que la hacienda autonómica pagara el mismo medicamento a costes diferentes. Entre estas fiscalizaciones destacan los trabajos que analizaron la eficacia y eficiencia de las medidas de lucha contra la despoblación o los programas de formación de desempleados, con conclusiones muy críticas para los gestores de la Junta.

El Consejo Consultivo, que presidente Agustín Sánchez de Vega, es un órgano de control de legalidad sobre las normas regionales, como anteproyectos de ley, decretos o reglamentos, y el que dictamina las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de ciudadanos contra las administraciones cuando los gestores públicos no reconocen el daño y la indemnización solicitada supera los 3.000 euros en el caso de ayuntamientos y diputaciones y los 6.000 para la Junta. Esas labores han cristalizado en alrededor de 16.000 dictámenes. El Consejo Consultivo es desde 2012 el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León y dirime conflictos surgidos en torno a contratos y licitaciones de las administraciones de la comunidad, desde la legalidad de los criterios o la baremación de las adjudicaciones a problemas con concesiones o resolución de contratos. Un decenio de actividad que cuadra un balance de unos mil casos, con litigios en los que estaban en juego 9.200 millones de euros, que se han resuelto en una media de 25 días.

La composición de los plenos de estos dos consejos, que tienen tres consejeros cada uno, ha surgido hasta este momento del acuerdo de, al menos, los dos grandes partidos en la comunidad, PP y PSOE. En el caso del pleno del Consejo Consultivo, se suma a los tres consejeros electos Juan Vicente Herrera, porque los expresidentes de la Junta son miembros natos y pueden solicitar incorporarse a la institución. En su día también lo hicieron los expresidentes socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda.